La reciente autorización para el inicio de la primera etapa del proyecto Tía María, en Arequipa, reactivó el debate sobre la predictibilidad en la toma de decisiones públicas en Perú y su impacto en la confianza de los inversionistas mineros.
Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), advirtió que este tipo de episodios evidencia una debilidad estructural que afecta directamente la competitividad del país en un escenario de alta demanda global de cobre.
Según el ejecutivo, la minería es una actividad de largo plazo que requiere reglas claras, consistentes y sostenidas en el tiempo. En ese sentido, señaló que los cambios en decisiones administrativas durante periodos breves generan incertidumbre tanto en el sector privado como en las comunidades vinculadas a los proyectos.
“El país debe dar una señal clara de que los procesos técnicos se respetan y que las decisiones se sostienen en el tiempo”, sostuvo Ortiz en su columna del Semáforo Minero.
Competitividad minera exige estabilidad jurídica
Ortiz alertó que este escenario ocurre en un contexto internacional cada vez más competitivo. La creciente demanda global de cobre abre oportunidades para países productores como Perú, Chile y Argentina; sin embargo, la capacidad de atraer inversiones dependerá de factores que van más allá del potencial geológico.
“La competitividad hoy no se define únicamente por los recursos, sino por la calidad de la gobernanza, la estabilidad jurídica y la previsibilidad”, remarcó.
A juicio del vicepresidente del IIMP, sin estos elementos, el capital tiende a dirigirse hacia mercados con menores niveles de riesgo, lo que podría afectar la posición de Perú frente a otras jurisdicciones mineras.
Desorden territorial y minería ilegal
Junto con la falta de predictibilidad, Ortiz identificó el desorden territorial como una de las principales limitaciones para el desarrollo del sector minero peruano.
De acuerdo con el vocero del IIMP, la ausencia de planificación y de una presencia efectiva del Estado ha facilitado el avance de la minería ilegal en distintas regiones del país.
Este escenario no solo incrementa los conflictos sociales, sino que también afecta la viabilidad de los proyectos formales, al generar superposición de intereses y retrasos en su ejecución.
Llamado a una política minera coherente
Frente a este escenario, el IIMP planteó la necesidad de avanzar hacia un enfoque integral que combine estabilidad normativa, fortalecimiento institucional y ordenamiento territorial con visión de largo plazo.
“El desafío del Perú no es solo aprobar proyectos, sino construir coherencia en las decisiones públicas y en la política minera”, puntualizó Ortiz.
El ejecutivo concluyó que Perú mantiene ventajas competitivas relevantes en minería, pero advirtió que la falta de consistencia en la toma de decisiones podría comprometer la capacidad del país para aprovechar el actual ciclo de oportunidades que ofrece la minería global.
Fuente Reporte Minero