El abogado Cristóbal Correa analiza que la discusión sobre los permisos está entrando en una nueva etapa: la incertidumbre posterior a la aprobación ambiental. A su juicio, el desafío es entregar mayor predictibilidad a la inversión sin debilitar los estándares ambientales ni el acceso a la justicia.
Obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) ya no necesariamente marca el término de la incertidumbre para los grandes proyectos de inversión en Chile.
Durante el primer semestre de 2026, los Tribunales Ambientales registraron un récord de reclamaciones admisibles y actualmente mantienen causas vinculadas a 59 proyectos por más de US$10.655 millones, según ha reportado la CPC. A ello se suma que los proyectos que llegan a estas instancias pueden permanecer cerca de un año y medio en tramitación, periodo que puede extenderse si posteriormente las sentencias son recurridas ante la Corte Suprema.
Para Cristóbal Correa, abogado experto en minería, energía y permisos ambientales, este escenario está abriendo una nueva dimensión del debate sobre la denominada “permisología” y el nivel de certezas que existe una vez obtenida la aprobación ambiental.
“Dentro de la planificación de un proyecto ya se está considerando entre un año y medio y dos años posteriores a la obtención de la RCA antes de tomar definitivamente la decisión de invertir”, advirtió Correa.
La competencia es por el capital
Según Correa, la incertidumbre posterior a la RCA tiene un efecto directo sobre las condiciones de financiamiento y el nivel de riesgo de los proyectos.
En minería, sostuvo, este factor es especialmente relevante. “Chile no compite por el precio del cobre, porque somos una industria tomadora de precios. La competencia es por el capital y por ofrecer condiciones que permitan desarrollar proyectos con niveles razonables de riesgo y predictibilidad”, dijo.
A su juicio, el país mantiene importantes ventajas para atraer inversión, entre ellas sus recursos minerales, infraestructura, experiencia, capital humano y una institucionalidad ambiental robusta. Sin embargo, planteó que esas fortalezas deben ir acompañadas de mayor certeza respecto de los plazos y las instancias que deberá enfrentar un proyecto antes de poder materializarse.
El límite entre evaluación técnica y revisión judicial
Correa analizó que mejorar la predictibilidad del sistema no supone reducir la protección ambiental ni restringir el acceso a la justicia. A su juicio, cuando un proyecto obtiene su aprobación luego de varios años de evaluación por profesionales especializados, la revisión judicial debe concentrarse en verificar el cumplimiento de las exigencias legales, el correcto desarrollo del procedimiento y la adecuada fundamentación de la decisión.
“Pretender que el poder judicial se convierta en una nueva evaluación ambiental es desconocer el valor del trabajo técnico realizado durante todo el proceso previo, tanto en el mundo privado como en el público”, sostuvo.
Esto, precisó no implica limitar la revisión judicial, sino contar con una revisión rigurosa de la legalidad que respete al mismo tiempo el ámbito técnico de las instituciones especializadas.
Espacios para perfeccionar el sistema
Entre los aspectos que podrían contribuir a reducir los periodos de incertidumbre, Correa identificó el fortalecimiento de las capacidades y recursos de los Tribunales Ambientales para resolver oportunamente y revisar la estructura de recursos, para evitar que una misma controversia se prolongue innecesariamente a través de sucesivas instancias.
También planteó avanzar en mayores estándares profesionales, de transparencia y trazabilidad para los distintos actores que participan activamente de los procesos de litigación ambiental, incluyendo las fuentes de financiamiento de las organizaciones. Al mismo tiempo, enfatizó que la sociedad civil y las organizaciones ambientales y comunitarias cumplen un rol legítimo y pueden contribuir a mejorar los proyectos.
“El objetivo no debería ser restringir el acceso a la justicia, sino asegurar que ese derecho opere de manera responsable, transparente y dentro de plazos razonables. Chile necesita proteger el medio ambiente y, al mismo tiempo, recuperar la certeza de que una RCA obtenida después de un proceso exigente constituye efectivamente un hito que permite avanzar”, concluyó.