Expertos advierten sobre falta de coordinación con el SEIA, duplicidad normativa y riesgo de paralización de inversiones en minería, energía e infraestructura. Preocupa la creación de nuevas figuras de protección sin criterios técnicos claros y el aumento del riesgo de judicialización.
La tramitación del nuevo Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural ha generado inquietud en distintos sectores. Si bien la iniciativa apunta a modernizar la institucionalidad patrimonial y descentralizar su administración- en una nota publicada en El Mostrador- especialistas alertaron sobre su escasa articulación con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y las posibles consecuencias para el desarrollo de proyectos estratégicos en sectores como minería, energía e infraestructura.
El texto actualmente en discusión propone una serie de modificaciones estructurales, entre ellas la creación de nuevas figuras de protección -como zonas patrimoniales, paisajes e itinerarios culturales- y un régimen de autorización previa para intervenir en sitios arqueológicos o paleontológicos. También fortalece las facultades del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), otorgándole atribuciones de inspección, sanción e incluso suspensión de obras.
Para Juan Ignacio Guzmán, gerente general de la consultora Gestión y Economía Minera (GEM), uno de los principales problemas es la posible superposición de exigencias y procedimientos. “El proyecto obliga a gestionar el componente patrimonial desde la etapa exploratoria, incorporando estudios de línea base y prospecciones arqueológicas, lo que en sí no es negativo, pero si no se coordina bien con el SEIA, puede duplicar requisitos y aumentar plazos en forma considerable”, expuso.
El experto también cuestionó la falta de criterios técnicos claros para la delimitación de nuevas figuras territoriales. A su juicio, categorías como zonas patrimoniales o paisajes culturales, si no cuentan con metodologías precisas, podrían limitar el uso de suelo, frenar campañas de sondajes y abrir la puerta a la judicialización de proyectos. “Esto eleva el costo de capital y el riesgo país, particularmente en portafolios mineros”, señaló.
Uno de los aspectos más sensibles del proyecto es la posibilidad de que el Serpat suspenda obras ante eventuales hallazgos. “Esta atribución -si no se regula con plazos definidos y criterios técnicos claros- podría traducirse en medidas provisionales arbitrarias que impacten directamente la continuidad operacional de los proyectos”, advirtió Guzmán, quien subrayó que la ausencia de una integración explícita con el SEIA podría redundar en vías paralelas de exigencias, generando contradicciones entre organismos públicos. A ello se suma la lentitud actual del sistema patrimonial: “según la Contraloría, hay solicitudes que llevan más de 800 días sin respuesta. En ese contexto, la viabilidad de los proyectos queda en entredicho”, afirmó.
Nuevas categorías de protección en la mira
Desde una perspectiva jurídica, Paulina Sandoval, consultora en derecho ambiental y académica de posgrado de la Universidad del Desarrollo, reconoció avances en la propuesta, como el traspaso de decisiones de intervención del patrimonio arqueológico y paleontológico en un servicio especializado regional. No obstante, hizo hincapié en vacíos relevantes.
“Creo que debieran incorporarse disposiciones que permitan precisar la relación entre la normativa de patrimonio cultural y otras normativas aplicables, así como criterios claros para la declaración de patrimonios culturales”, indicó.
En materia ambiental, Sandoval manifestó dudas respecto de las nuevas categorías de protección -como el patrimonio cultural inmaterial o aquellas relativas a pueblos indígenas- y si estas serán consideradas como “áreas colocadas bajo protección oficial” para efectos de evaluación de impacto ambiental. A su juicio, esto podría entrar en conflicto con las modificaciones al reglamento del SEIA, que buscan simplificar las tipologías de proyectos que deben ingresar al sistema. “Algo similar ocurre con la posible superposición de procesos de consulta indígena que se llevan a cabo en el SEIA y los protocolos de participación indígena que contempla el proyecto de ley”, acotó.
Asimismo, cuestionó que la declaración de un bien patrimonial quede sujeta a la “conveniencia” determinada por el Consejo de los Patrimonios Culturales, sin principios o definiciones legales que respalden la decisión. En su opinión, se requiere un marco jurídico claro que permita motivar y justificar esa decisión más allá del conocimiento específico de cada uno de sus miembros.
Mayor plazo de impugnación
Felipe Leiva, socio del estudio Andrade Leiva Asociados, valoró el esfuerzo por modernizar las instituciones, pero explicó que la propuesta prioriza la creación de órganos, procedimientos y conceptos sin resolver las capacidades actuales. “Para los proyectos de inversión, la agilización de los permisos que involucran patrimonio cultural, especialmente arqueológico, requiere soluciones inmediatas que esta ley no parece abordar, como el aumento de la planta profesional del Consejo de Monumentos Nacionales para solucionar los permisos pendientes”, sostuvo.
Respecto a la conformación del nuevo Consejo de los Patrimonios Culturales, Leiva planteó que, si bien la diversidad en su composición es positiva, esta debiera reducirse en tamaño y enfocarse en un rol asesor. “Debe seguir una lógica similar a los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC) de los ministerios, donde se represente equilibradamente a los distintos estamentos involucrados, incluyendo gremios productivos”, sugirió.
Leiva finalmente puso acento en las limitadas herramientas de impugnación frente a las declaraciones de bienes patrimoniales. “Solo se contempla un recurso de reposición con un plazo de cinco días. Dada la relevancia de estas decisiones para los proyectos de inversión y los propietarios, debiese establecerse expresamente la posibilidad de recurrir ante los tribunales y otorgar un mayor plazo de impugnación”, aseveró el abogado.