El proyecto avanza hacia su aprobación final, con el objetivo de agilizar trámites hasta en un 70% con medidas como declaraciones juradas, silencio administrativo y ventanilla única. Aunque los actores empresariales valoran los avances, expertos advierten que su impacto real dependerá de una implementación efectiva y coordinada.
Con la aprobación en la Comisión de Hacienda del Senado, el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales da un paso decisivo hacia su promulgación. La esperada reforma, impulsada por el Ministerio de Economía, busca reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de más de 380 permisos no ambientales, con un enfoque en simplificar procesos sin bajar los estándares regulatorios.
La iniciativa contempla herramientas clave como la tramitación paralela de permisos, declaraciones juradas para proyectos de bajo riesgo, la implementación del silencio administrativo positivo y una ventanilla única digital que centralizará los procedimientos. Además, crea una oficina especializada en monitorear el funcionamiento del nuevo sistema.
Si el cronograma se cumple, la ley se promulgaría en julio y entraría plenamente en régimen en julio de 2026, tras un proceso de implementación gradual. “El proyecto será clave para poder avanzar en muchas iniciativas que, por exceso de trámites, se han demorado innecesariamente”, destaca la senadora Ximena Rincón, presidenta de la Comisión de Hacienda.
En el mundo privado, si bien existe apoyo, también se expresan matices. El abogado del programa legislativo de Libertad y Desarrollo, Simón Pinto, valora la ambición de reducir entre un 30% y un 70% los tiempos, pero advierte que “para que eso ocurra, todas las herramientas deben entrar realmente en operación, lo que no será inmediato. En un escenario optimista, los efectos reales podrían comenzar a notarse entre dos y cuatro años”.
Cuestionamientos del sector minero
En el sector minero, donde los cuellos de botella son especialmente críticos, las alertas son aún más marcadas. “La lentitud en la tramitación sigue siendo un freno. Aunque hay voluntad política, aún no se perciben resultados concretos”, apunta Daniel Weinstein, abogado especializado en minería. “El sistema actual desincentiva la inversión y la falta de modernización en entidades como el Consejo de Monumentos Nacionales agrava el problema”, añade.
Por su parte, el Consejo Minero también ha planteado reparos por señales contradictorias en la agenda regulatoria. Su presidente, Joaquín Villarino, ha sostenido que “existe un desfase entre los discursos pro inversión y otras reformas que, en la práctica, imponen más trabas. Esto genera incertidumbre y puede afectar la competitividad frente a otros países mineros”.
A pesar de las críticas, el proyecto ha logrado consenso transversal en sus principales lineamientos. Se incluyen sanciones para los funcionarios que incumplan los plazos y se prohíbe duplicar solicitudes entre las fases ambiental y sectorial. Al respecto, el presidente del gremio subraya que “los cambios introducidos hacen que el proyecto sea más ambicioso, sin rebajar los niveles regulatorios”.