La Comisión de Minería y Energía aprobó en general y por unanimidad el boletín 17850, una iniciativa que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para imponer a las concesionarias de distribución la obligación de instalar medidores remotos (o “inteligentes”) sin costo para los clientes.
La votación reactivó un tema sensible en Chile: quién paga la modernización de la medición eléctrica y cómo se evita que el recambio termine escondido en la boleta, justo cuando la discusión por tarifas y transparencia sigue al centro del debate público.
Qué busca el proyecto (en simple)
La propuesta —descrita como “muy simple” y de artículo único— apunta a que las empresas puedan cubrir los gastos del recambio sin trasladar ningún costo a los usuarios, reforzando la idea de que el cliente pague por lo que consume realmente y no por estimaciones.
El diputado Marco Antonio Sulantay, presidente de la comisión y uno de los autores, sostuvo que los medidores inteligentes permitirían clarificar cuentas y reducir casos de cobros estimativos o irregulares que generan “confusión y sensación de injusticia”, al registrar con precisión el consumo de cada hogar.
Por qué estos medidores importan (y por qué vuelven a la discusión)
Los medidores remotos prometen beneficios en dos frentes:
- Para usuarios: monitorear consumo, mejorar control y eventualmente habilitar tarifas más eficientes según hábitos.
- Para empresas y el sistema: más datos, mejor fiscalización y coordinación con el operador, además de eficiencias operativas asociadas a lectura y gestión de interrupciones.
En paralelo, el proyecto reabre el punto más polémico: el financiamiento del recambio masivo. Un reporte reciente mencionó estimaciones del Gobierno que apuntan a un costo del orden de US$3.000 millones para cambiar medidores en Chile, lo que explica por qué el “sin costo para el cliente” se transformó en el corazón de la discusión.
El fantasma de 2019: el costo “en la cuenta”
El debate no parte de cero. En 2019, investigaciones periodísticas y reacciones públicas pusieron el foco en el costo del recambio y en el riesgo de que se financiara a través de cargos en la cuenta eléctrica, lo que detonó controversia nacional.
En ese contexto, el Ministerio de Energía llegó a recalcar criterios de implementación y discusión sobre costos y voluntariedad, en medio de la presión ciudadana.
Hoy, el nuevo proyecto busca cerrar la puerta a cualquier traspaso directo al usuario, instalando la obligación en la distribuidora.
Lo que viene: aprobación “en general” no es ley todavía
Un punto clave: lo aprobado fue la idea de legislar en comisión. Eso significa que el proyecto aún debe avanzar en su tramitación, incluyendo discusión en particular y los pasos legislativos que correspondan antes de convertirse en ley.
La pregunta que todos hacen: si no paga el cliente, ¿quién paga?
El texto empuja a que el costo quede en las empresas, pero el debate de fondo será cómo se remunera esa inversión dentro del sistema tarifario y regulatorio, y qué salvaguardas se fijan para que el “sin costo” sea real y verificable en el tiempo. Esa discusión, precisamente, es la que marcará las próximas etapas del proyecto.
Fuente: Reporte Minero