Esta modificación legislativa ha generado preocupación en sectores como la minería, donde expertos han expresado sus reservas sobre la ampliación de las facultades que tendría la entidad.
Con importantes novedades comenzó este 2025 en materia medioambiental, especialmente en el ánimo de actualizar el marco normativo en el que se desenvuelve la industria. En este escenario, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que reforma la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), dando un paso hacia su tramitación en el Senado. La iniciativa, impulsada por el Ministerio del Medio Ambiente, busca fortalecer el marco institucional de la SMA, promoviendo la fiscalización efectiva y el cumplimiento de las normativas ambientales.
El objetivo de la reforma apunta a agilizar la toma de decisiones y establecer reglas más claras para mejorar la eficiencia del sistema. “Es un paso fundamental para hacer más eficiente la SMA, fortaleciendo su función fiscalizadora, pero también promoviendo el cumplimiento ambiental, lo que nos permitirá proteger mejor nuestro patrimonio natural”, señaló el ministro (s) del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño.
Por su parte, la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, destacó que la reforma es clave para mejorar la eficacia en el ejercicio de las funciones de la SMA. “Este cambio nos permitirá mejorar y fortalecer varios aspectos contenidos en nuestra ley orgánica, otorgándonos más y mejores herramientas tanto para la fiscalización como para el cumplimiento ambiental”, agregó.
El proyecto también propone mejoras en la gestión de denuncias, simplificación de procedimientos sancionatorios y ampliación de facultades para enfrentar actividades que eludan el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), o que generen riesgos graves al medioambiente y la salud.
Señales de alerta
Sin embargo, la reforma ha generado preocupación en sectores como la minería, donde expertos han expresado sus reservas sobre la ampliación de las facultades que tendría la SMA. Ricardo Irarrázabal, exsubsecretario de Medio Ambiente, alertó sobre la posible incertidumbre y burocracia generada por la ampliación de sanciones, especialmente en industrias complejas como la minería. Además, la medida de incautación de documentos y objetos, que forma parte de la reforma, ha sido calificada como desproporcionada por algunos actores del sector.
Christian Peralta, gerente técnico de MyMA, manifestó su preocupación por esta última medida. En su opinión, a pesar de que la ejecución recaería en funcionarios de la PDI o Carabineros, este mecanismo propio de la persecución criminal resulta desproporcionado en un contexto administrativo. Además, destacó que el verdadero desafío debe centrarse en promover el cumplimiento ambiental, subrayando que las actuales facultades de la SMA, junto con el contrapeso de los Tribunales Ambientales, ya han sido suficientes para asegurar una fiscalización efectiva.
Por su parte, Sebastián Avilés, socio fundador de MSyA Abogados y experto en Derecho Ambiental, compartió este punto de vista señalando que, si bien la facultad de incautación es excesiva y debe ser reconsiderada, la reforma podría fomentar el cumplimiento ambiental y disuadir a los infractores.
El debate se da en un contexto de creciente inversión minera en el país, que alcanza los US$83.181 millones entre 2024 y 2033, según el último reporte de Cochilco. Ante dicho escenario, los expertos coinciden en que, para asegurar el éxito de estos proyectos, es fundamental la entrega de certezas a las compañías respecto al contexto normativo en que deberán operar en el mediano y largo plazo, considerando los tiempos de desarrollo y ejecución que conlleva una iniciativa minera.
De esta manera, el sector observa atento el tránsito de la reforma a la SMA en su camino hacia el Senado, donde se espera un análisis más detallado de sus implicancias y posibles ajustes, y sus eventuales repercusiones para la industria minera.