En una columna publicada en La Tercera, la abogada advirtió que la propuesta que se discute en el Senado amplía las categorías de protección sin suficiente precisión y aumenta la complejidad institucional, lo que podría ralentizar permisos y afectar el desarrollo de proyectos productivos.
Varios expertos se han sumado a las preocupaciones con respecto al Proyecto Ley de Patrimonio Cultural, actualmente en discusión en la Comisión de Cultura del Senado, y cuya votación está programada para septiembre.
Esta semana, en una columna publicada en La Tercera, la coordinadora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo (LyD), Pilar Hazbun, advirtió que la propuesta de nueva Ley de Patrimonio Cultural podría generar efectos contraproducentes respecto de su objetivo declarado: dar mayor certeza a la inversión y agilizar los procesos de autorización de proyectos productivos.
“La modernización de la normativa es necesaria y urgente, pero varios de los cambios propuestos van en sentido contrario”, sostuvo Hazbun, al referirse a las contradicciones presentes en la indicación ingresada por el Ejecutivo.
Uno de los puntos más controvertidos es la ampliación de las categorías de protección. Si bien el proyecto busca delimitar con mayor claridad qué se considera patrimonio arqueológico, también incorpora nuevas definiciones que resultan muy amplias, incluyendo elementos del patrimonio inmaterial, expresiones culturales, patrimonio indígena y afrodescendiente.
“Es fundamental que, a nivel legal, las categorías de protección queden bien definidas; de lo contrario, se corre el riesgo de aumentar aún más la discrecionalidad de las autoridades y, con ello, la incertidumbre para el desarrollo de proyectos”, advirtió la experta.
Hazbun también expresó reparos sobre la nueva institucionalidad que contempla la propuesta, que reemplaza al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) por un Consejo de los Patrimonios Culturales de 30 integrantes, frente a los 23 actuales.
“La descentralización es positiva, pero aumentar el número de miembros podría agravar la lentitud y complejidad en la entrega de permisos. Es clave que el Consejo esté compuesto por perfiles técnicos y especializados que representen los distintos intereses involucrados”, recalcó.
Finalmente, la abogada hizo un llamado a que la discusión de esta ley se coordine con otras reformas regulatorias, como la Ley Marco de Permisos y el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
“La protección del patrimonio debe ser compatible con el desarrollo de proyectos y actividades. Si no hay una adecuada articulación entre estas normativas, podríamos terminar con un sistema aún más incierto y burocrático”, concluyó Hazbun.