El proyecto de nueva Ley de Patrimonio Cultural avanza en el Senado con el objetivo de modernizar una normativa vigente desde 1970. Pero especialistas advierten que, sin definiciones claras y ajustes institucionales, la reforma puede terminar aumentando la burocracia y la incertidumbre para proyectos de inversión y conservación.
La discusión sobre la Ley de Patrimonio Cultural volvió al centro del debate tras las tensiones entre la Contraloría y la Subsecretaría del Patrimonio por los tiempos de tramitación del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). En una entrevista reciente en El Periodista, la Coordinadora de Asuntos Jurídicos y Legislativo de Libertad y Desarrollo (LyD), Pilar Hazbún, enfatizó en su diagnóstico: el marco actual —cuyo origen se remonta a 1925 y que fue sistematizado en 1970— no logra acompañar la evolución del concepto de patrimonio ni garantizar eficiencia institucional.
“Tenemos nociones obsoletas y una estructura centralista, lo que incide en la lentitud e ineficiencia en la gestión. Se requiere actualizar las categorías de protección, a fin de incorporar un concepto de patrimonio más integral y dinámico, pero con conceptos claros y precisos a nivel legal, para limitar la discrecionalidad de la autoridad y así entregar mayores certezas”, señaló Hazbún.
La especialista advirtió que la expansión de categorías —incluyendo patrimonio inmaterial y cultural indígena— debe ir acompañada de criterios estrictos para evitar arbitrariedad y nuevas barreras a proyectos. “Si ya existen problemas para definir un hallazgo arqueológico, sumar conceptos amplios y difusos podría aumentar la incertidumbre”, apunta.
Otro punto crítico es la composición del CMN. Hoy reúne 23 miembros y el Gobierno propone ampliarlo a 30. Para Hazbún, esa fórmula es ineficiente: “No tiene sentido un organismo tan numeroso y cuyos integrantes responden más bien a intereses gremiales. Reducir su tamaño e incorporar perfiles técnicos elegidos por concurso público contribuiría a decisiones más ágiles e imparciales”.
Aunque el Ejecutivo ha impulsado esta reforma dentro de su agenda pro inversión, la abogada subrayó que su objetivo original no busca aquello. Por eso planteó que la nueva ley debe coordinarse con la Ley Marco de Permisos Sectoriales y el Sistema de Evaluación Ambiental, evitando duplicidades.
“La protección del patrimonio debe ser efectiva, pero no desproporcionada ni a costa del desarrollo del país”, concluye. En un contexto de presión por mayor agilidad regulatoria, el desafío será equilibrar memoria y modernización sin generar nuevas trabas.