Diferentes expertos coinciden en que para asegurar la viabilidad de la cartera de proyectos mineros, es fundamental que los procesos de evaluación ambiental sean más claros y eficientes, sin que se genere una excesiva burocracia que desincentive la inversión.
La reforma a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), actualmente en discusión en el Congreso Nacional, ha generado un intenso debate debido a la ampliación de sus facultades, las cuales han sido cuestionadas por expertos del sector, quienes alertan sobre el impacto que podría tener en la inversión y el desarrollo de proyectos mineros en el país.
Ricardo Irarrázabal, exsubsecretario de Medio Ambiente y abogado especializado en regulación ambiental, expresó su preocupación por la falta de claridad en la reforma. Según Irarrázabal, la propuesta otorga mayores poderes a la SMA sin asegurar garantías procesales suficientes para las empresas. “El proyecto no ofrece un marco claro sobre qué conductas son sancionables, mientras que la discrecionalidad en la aplicación de sanciones podría generar incertidumbre y burocracia innecesaria, especialmente para industrias complejas como la minería”, comentó.
Uno de los aspectos más criticados por los expertos es la facultad que otorgaría la reforma a la SMA para suspender temporalmente los proyectos, sin una base jurídica clara. Además, se cuestiona la potestad para incautar documentos y objetos sin límites precisos, lo que podría generar procedimientos asimétricos que afecten a las empresas, especialmente a las de mayor envergadura.
Christian Peralta, gerente técnico de MyMA, también destacó la preocupación por la medida de incautación incluida en el proyecto. “Aunque la ejecución de esta medida recaiga en funcionarios de la PDI o Carabineros, se trata de un mecanismo propio de la persecución criminal, lo cual es desproporcionado en el ámbito administrativo”, afirmó. Peralta añadió que el foco debe estar en fomentar el cumplimiento ambiental, y que las facultades actuales de la SMA, junto con el contrapeso de los Tribunales Ambientales, han sido suficientes para garantizar una fiscalización efectiva.
Por su parte, Sebastián Avilés, uno de los socios fundadores de MSyA Abogados y experto en Derecho Ambiental, se mostró crítico respecto a la reforma. “Si bien puede incentivar el cumplimiento ambiental y disuadir a los infractores, la facultad de incautación es excesiva y debería ser evaluada con más detenimiento”, indicó Avilés. Además, expresó su preocupación por la falta de avances en la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que sigue siendo un obstáculo para agilizar los permisos necesarios para proyectos de gran envergadura, como los mineros.
“Es necesario que el debate sobre la reforma a la SMA considere una perspectiva más balanceada, que garantice el cumplimiento de las normativas ambientales sin sacrificar la certeza jurídica ni la competitividad del país en términos de inversión minera”, precisó Irarrázabal.
El tema se enmarca en un contexto de fuerte crecimiento de la inversión minera en Chile, la cual hoy alcanza los US$83.181 millones, con gran parte de ella concentrada en las regiones del norte del país, para el período 2024-2033, según Cochilco. Sin embargo, la incertidumbre sobre la permisología y la eficacia de los procesos de aprobación de proyectos sigue siendo materia de análisis.
Los expertos coinciden finalmente en que, para asegurar la viabilidad de estas inversiones, es fundamental que los procesos de evaluación ambiental sean más claros y eficientes, sin que se genere una excesiva burocracia que desincentive la atracción de capitales y la materialización de proyectos.