El abogado y experto en minería, Daniel Weinstein, sostiene que la falta de coordinación entre las distintas instituciones y los procesos burocráticos interminables siguen siendo los principales impedimentos para la concreción de proyectos mineros.
El paquete de reformas a la permisología, presentado en enero de 2024, promete agilizar el desarrollo de proyectos mineros en Chile, pero aún enfrenta importantes obstáculos que dificultan su efectividad. Aunque el sector minero espera avances, expertos legales como Daniel Weinstein, socio de Urzúa Abogados y especialista en minería, comenta que existe un panorama incierto respecto a que si se lograrán resultados concretos antes de que finalice el mandato del Presidente Gabriel Boric.
Para Weinstein, la necesidad de reducir la burocracia y acelerar las inversiones es un consenso claro, pero la realidad aún dista mucho de este objetivo. “Aunque la voluntad política está, la tramitación sigue siendo lenta, y el impacto real de las reformas aún no se percibe. Seguimos siendo un país con un sistema que, lamentablemente, no facilita la rapidez que requiere la industria”, comenta el abogado.
La falta de coordinación entre las distintas instituciones y los procesos burocráticos interminables siguen siendo los principales impedimentos para la concreción de proyectos. Especialmente en áreas clave como la evaluación ambiental y las autorizaciones sectoriales, Weinstein destaca que organismos como el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y el Consejo de Monumentos Nacionales aún operan con plazos poco claros y normativas obsoletas, lo que sigue retrasando la toma de decisiones y desincentivando la inversión en el sector.
“La lentitud en la tramitación legislativa es un factor determinante. Aunque recientemente hemos visto algunos avances, el ritmo es tan bajo que no se sabe si podremos ver resultados concretos antes de la finalización del mandato de Boric. Tal vez lo más efectivo sea plantear estas reformas de forma segmentada, para poder continuar con proyectos de ley específicos y acelerar su implementación”, agrega Weinstein.
Uno de los aspectos más controversiales en este proceso es la participación del Consejo de Monumentos Nacionales en los proyectos mineros. A pesar de las reformas anunciadas por el Ejecutivo en octubre de 2024, los progresos en este sentido han sido limitados. Al respecto, Weinstein opina que el Consejo enfrenta problemas graves de centralismo y una excesiva discrecionalidad en la interpretación de las normativas. “Es urgente descentralizar y modernizar la normativa, porque sin estos cambios, los tiempos de tramitación seguirán siendo un freno insalvable para la industria minera”, señala.
Incertidumbre política y el riesgo para las inversiones
El contexto electoral en curso también añade una capa de incertidumbre para el sector. Según Weinstein, cuando las decisiones políticas se toman en función de conveniencias electorales más que de un marco regulatorio estable, se corre el riesgo de generar más dudas en los inversionistas. “La minería no puede esperar a que los vaivenes electorales definan su futuro. Necesitamos un compromiso constante con las inversiones y un marco normativo claro para mantener la competitividad”, subraya.
A pesar de las proyecciones de Cochilco, que estiman una inversión de más de US$83.181 millones en la minería chilena, la permisología podría poner en peligro una parte significativa de esta inversión. “El verdadero peligro no está solo en la demora de algunos proyectos. Lo más preocupante es que muchos inversionistas terminan buscando condiciones más favorables en otros países, lo que frena el desarrollo de la minería chilena, tanto a nivel de grandes empresas como de proyectos de exploración minera y greenfield”, indica Weinstein.
En esta línea, el especialista resalta el reciente anuncio de la inversión realizada por Escondida | BHP para la concentradora de Laguna Seca (US2.300 millones), que podría darle nuevos bríos al sector. Pero, al mismo tiempo, destaca que, más allá de las grandes inversiones, los pequeños mineros enfrentan los mismos problemas relacionados con la permisología. “Cada proyecto, desde el más grande al más pequeño, impacta la economía. Pero cuando los proyectos pequeños no pueden avanzar debido a que se estancan durante años en los trámites, las consecuencias son negativas para la economía y las familias chilenas”, argumenta.
Por último, el experto hace un llamado urgente a las autoridades a tomar decisiones claras y fundamentadas en la legislación vigente, sin ceder a presiones de grupos de interés. “Solo con un marco regulatorio eficiente y predictivo podremos enfrentar los desafíos globales y generar un crecimiento económico que beneficie a todos los sectores”, asevera el experto legal.