Chile enfrenta un creciente aumento en los robos a parques solares, en un fenómeno que ya comienza a generar preocupación en la industria energética debido a sus impactos sobre infraestructura crítica, costos operacionales y percepción de riesgo para inversionistas.
Bandas organizadas están ingresando a instalaciones fotovoltaicas, principalmente en el desierto de Atacama, para sustraer paneles solares, cables de cobre, baterías y sistemas electrónicos, los cuales posteriormente terminan en mercados ilegales dentro y fuera del país.
El auge de la energía solar en Chile ha sido acelerado. Según datos oficiales, la capacidad fotovoltaica pasó de representar apenas un 3% de la matriz instalada en 2015 a cerca de un tercio del sistema eléctrico actual. Sin embargo, el crecimiento del sector también ha traído nuevos desafíos asociados al crimen organizado y la protección de infraestructura energética.
Cables y paneles: los principales objetivos
De acuerdo con cifras de la Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol), los cables representan el componente más robado, presente en el 85,7% de los casos reportados, seguido por los paneles fotovoltaicos, con un 54,8%.
Los delincuentes suelen actuar de noche y tienen menos de una hora para ingresar, desactivar cámaras, cortar cercos y extraer equipos antes de escapar por zonas desérticas. Muchas instalaciones cuentan solo con uno o dos guardias sin armamento, lo que aumenta la vulnerabilidad de los proyectos.
Los paneles solares pesan cerca de 30 kilos y tienen un valor aproximado de US$60 a US$70 cada uno, aunque el mayor incentivo suele estar en el cobre contenido en cables e infraestructura eléctrica.
Riesgo para inversiones y costos operacionales
El fenómeno también está impactando el costo de los proyectos. Empresas del sector aseguran que las primas de seguros están aumentando y que muchas pólizas ya incluyen deducibles elevados debido al crecimiento sostenido de los robos durante los últimos tres años.
Erwin Plett afirmó que el robo de equipos puede paralizar temporalmente parques completos y provocar importantes pérdidas económicas, además de elevar significativamente los costos de seguridad.
“Chile sigue siendo uno de los mercados renovables más atractivos de la región, pero mantener ese liderazgo requiere garantizar la seguridad de la infraestructura energética”, indicó.
Algunas compañías ya comenzaron a reemplazar cables de cobre por aluminio en sectores vulnerables, mientras otras han implementado patrullajes nocturnos y sistemas de monitoreo adicionales.
Fronteras vulnerables y mercado internacional
La industria también observa preocupación por el componente transnacional del delito. Muchas plantas solares se ubican cerca de pasos fronterizos con Perú, Bolivia y Argentina, facilitando el contrabando de equipos robados.
La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) confirmó que existe un mercado internacional para paneles solares y baterías sustraídas en el norte del país.
El problema se suma además al auge del robo de cobre en Chile. En abril, autoridades desarticularon una red criminal que habría movilizado más de US$900 millones en cobre robado entre 2020 y 2025, enviándolo posteriormente a China desde el puerto de Iquique.
La industria pide medidas urgentes
El sector renovable espera que el nuevo Ministerio de Seguridad incorpore esta problemática dentro de la estrategia nacional contra el crimen organizado, especialmente considerando el crecimiento acelerado de la infraestructura energética en zonas remotas.
Expertos internacionales advierten que el fenómeno no es exclusivo de Chile y podría intensificarse globalmente a medida que aumente la expansión fotovoltaica y suban los precios de los equipos y materias primas.
Fuente Reporte Minero