Mediante una carta, los inversionistas plantean que podrían redirigir sus capitales a jurisdicciones más estables y confiables, lo que representaría un golpe para sectores clave de la economía chilena.
En los últimos días distintos gremios y actores empresariales han manifestado su preocupación por lo ocurrido con la decisión de Colbún de suspender su proyecto Central de Bombeo Paposo, en la comuna de Taltal, acusando “incerteza jurídica” y “resoluciones poco claras por parte de la autoridad ambiental”. A esta noticia se suma el término anticipado por parte del SEA de Atacama del proyecto de continuidad operacional de Mina Los Colorados, de CMP.
Estos hechos se han tomado la agenda noticiosa, instalando en el debate la inestabilidad que existiría en el clima de inversiones y la incertidumbre en torno a la imagen de Chile como un mercado que ofrece certeza jurídica. Esta vez un grupo de bancos internacionales envió una carta al presidente de la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Sulantay, a través de la cual criticaron el proyecto de subsidios del sector eléctrico, señalando que “alteraría las condiciones para los pequeños distribuidores”, lo que supondría un “cambio en las reglas del juego” por parte del gobierno chileno.
Cabe destacar que el proyecto, que busca recaudar cerca de US$150 millones para cubrir las bajas en las tarifas eléctricas, propone limitar los recursos destinados a los pequeños medios de generación distribuida (PMGDs).
En la carta se plantea que la implementación de este cargo podría llevar a la insolvencia de varios proyectos de PMGDs, afectando gravemente la capacidad de las compañías para cumplir con sus obligaciones financieras. Además, sostiene que, en el mediano y largo plazo, la percepción de Chile como un mercado atractivo para la inversión, podría verse alterada, particularmente en sectores críticos para los chilenos como infraestructura y descarbonización.
“Ejemplos de áreas que podrían directamente verse afectadas son el almacenamiento de energía en baterías o el hidrógeno verde, pudiendo los financistas preferir otras jurisdicciones que ofrezcan mayor confianza y estabilidad, en un contexto de gran demanda mundial por atraer capital para proyectos de energía renovable”, según indica el texto.
Una de las aristas más alarmantes de la misiva expresa la conveniencia de seguir invirtiendo o no en el mercado eléctrico chileno. “La sola presentación del proyecto de ley ya ha provocado la suspensión por parte de algunos nuestros clientes de proyectos de generación y almacenamiento de energía”, señala.
Esto último es un punto preocupante, ya que, según el Ministerio de Energía, se estima que la construcción de proyectos de energía, incluyendo renovables y almacenamiento, requerirá una inversión de al menos US$23.700 millones entre 2020 y 2030. A pesar de la relevancia de la carta, el Ministerio de Energía declinó hacer comentarios al respecto.