El órgano fiscalizador detectó vacíos normativos en servicios eléctricos, geotermia y otros sectores críticos, frenando la implementación del DFL N° 2 que adecuaba la normativa a la Ley Marco de Autorizaciones.
La Contraloría General de la República decidió no dar curso al Decreto con Fuerza de Ley (DFL) N° 2 de 2026 del Ministerio de Economía, diseñado para adecuar cuerpos legales a la Ley N° 21.770, conocida como Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. El ente fiscalizador concluyó que el documento excede o contraviene la ley delegatoria al no garantizar una regulación efectiva y eficaz para la inversión sectorial.
Objeciones en el sector energético
El sector energético concentra dos observaciones críticas. Respecto a la Ley General de Servicios Eléctricos (DFL N° 4/20.018), el texto propuesto otorgaba carácter «esencial» únicamente al informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en el procedimiento para autorizar transferencias de concesiones de distribución pública. Contraloría cuestionó esta asimetría, señalando que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) participa legalmente en el mismo trámite y no recibía igual consideración.
En materia de energía geotérmica, el decreto modificaba la Ley N° 19.657 incorporando una nueva causal de suspensión de plazos máximos para resolver, pero sin precisar cómo operará ni aclarar si el cómputo se reanuda automáticamente una vez vencido el término. Este vacío normativo podría afectar la tramitación de proyectos geotérmicos en el país.
Reparos adicionales en sectores críticos
Más allá de energía, la Contraloría objetó inconsistencias en nueve puntos clave que impactan inversión e infraestructura:
- Código de Aguas: Falta de claridad sobre si nuevas causales de suspensión operan automáticamente o mediante resolución fundada, además de vacíos en la reanudación de plazos y aplicación de silencio administrativo.
- Telecomunicaciones: El decreto intentaba trasladar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) la facultad de dar traslado a oposiciones de terceros, atribución que corresponde al Ministro de Transportes. Contraloría advirtió que esto excede la habilitación legislativa y cuestionó la suspensión de plazos antes incluso de presentarse oposiciones.
- Urbanismo y Servicios Sanitarios: Se identificaron errores en regulación de garantías (cauciones) y reemplazo de normas por otras menos favorables. En materia sanitaria, se observaron problemas de vigencia diferida que podrían activar normas antes que sus disposiciones legales vinculantes.
- Asuntos Indígenas y Bienes Fiscales: Imprecisiones similares en suspensión y reanudación de plazos en modificaciones a la Ley Indígena (Ley N° 19.253) y normas sobre administración de bienes fiscales (DL N° 1.939).
Próximos pasos para el Ejecutivo
El Ministerio de Economía deberá revisar y corregir el texto del decreto para subsanar las observaciones jurídicas antes de reingresar el DFL a trámite de toma de razón. Este proceso ralentiza la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que busca agilizar procedimientos de permisos en sectores críticos para la minería, energía e infraestructura en Chile.
Fuente: Reporte minero

