Estudio de SOFOFA indicó que solo un 3% de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y ningún Estudio de Impacto Ambiental EIA logra finalizar su evaluación dentro de los plazos que tienen como meta de acuerdo con la ley, que corresponde a 200 y 450 días, respectivamente.
Un estudio elaborado por la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y publicado en La Segunda, ha puesto nuevamente en evidencia la crítica situación del sistema de evaluación ambiental en el país, al detectar un aumento sostenido en los tiempos que demoran los proyectos para ser aprobados. A partir del análisis de más de tres décadas de información recopilada por la plataforma Prisma -centrada en el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)- el informe revela que, en comparación con 2008, hoy los plazos son hasta cuatro veces más extensos.
La presidenta del gremio, Rosario Navarro, advirtió que “sin una transformación que haga más eficiente el proceso, la permisología seguirá frenando el desarrollo sostenible y competitivo del país”.
Los datos muestran una tendencia clara: el tiempo promedio para obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) ha aumentado considerablemente. Las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) han pasado de requerir 234 días en 2008 a 401 días en la actualidad, mientras que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) subieron de 355 a 1.175 días, un alza del 231%.
El documento también da cuenta que el cumplimiento de los plazos establecidos por ley es prácticamente inexistente. Solo un 3% de las DIA y ningún EIA logra finalizar su evaluación dentro de los plazos meta de 200 y 450 días, respectivamente. Este desfase impacta directamente la certidumbre de los inversionistas y complica el desarrollo de iniciativas clave en distintas áreas productivas.
El diagnóstico no se limita al tiempo de tramitación, ya que también se identificaron factores que agravan la situación, como la inclusión de procesos de participación ciudadana, que añade en promedio entre cinco y ocho meses a los plazos, y el carácter interregional de algunos proyectos, que puede incorporar hasta 74 días adicionales. Además, los proyectos que finalmente son rechazados demoran significativamente más en su evaluación, lo que se traduce, en promedio, 420 días para las DIA y 983 días para los EIA, casi el doble que aquellos que resultan aprobados.
Proyecto Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales en la mira
Este panorama se alinea con los temas discutidos recientemente en el seminario “Permisos Sectoriales e Inversión: desafíos para un desarrollo sostenible”, organizado por el centro de estudios Espacio Público. En la actividad, el ministro de Economía, Nicolás Grau, presentó los lineamientos del Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que busca precisamente enfrentar los cuellos de botella administrativos, reorganizar la estructura institucional y dotar de mayor previsibilidad al proceso de inversión.
Grau señaló que más de 40 entidades públicas están a cargo de aproximadamente 380 permisos distintos en la actualidad, en un sistema fragmentado, lento y sin una visión sistémica. Entre los principales objetivos de la propuesta legislativa está reducir los tiempos de tramitación sin disminuir los estándares técnicos, sociales ni ambientales.
La iniciativa -que ya cuenta con el respaldo de 16 ministerios- contempla la creación de una Ventanilla Única Digital, la aplicación del silencio administrativo positivo en un tercio de los permisos, y la clasificación de las autorizaciones en seis categorías para agilizar su gestión. También se considera la implementación de una vía rápida para proyectos estratégicos como hospitales o plantas desaladoras, lo que permitiría reducir los tiempos en hasta un 30% para grandes inversiones; y un 70% para empresas medianas o pequeñas.
La líder de SOFOFA coincidió en valorar el enfoque colaborativo de esta normativa, sosteniendo que se trata de un paso concreto hacia una regulación más moderna y funcional, aunque advirtió que el verdadero reto será su implementación efectiva y la coordinación interinstitucional. “Esta estrategia es fundamental, pues la tramitación excesiva no solo ralentiza la inversión, sino que también compromete la capacidad del país para responder con agilidad y responsabilidad a sus desafíos de desarrollo”, concluyó Navarro.