La actividad fue encabezada por el director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secoplan), Javier Figueroa, quien expuso las inversiones contempladas para Sierra Gorda y Baquedano, así como los avances del Plan Estratégico de Desarrollo Comunal con horizonte al año 2030, instrumento que busca consolidar ambas localidades como polos de desarrollo complementarios para la Región de Antofagasta.

Durante la presentación, Figueroa explicó que la cartera presentada corresponde a los principales montos de inversión proyectados para el período 2026-2027 y a la planificación de largo plazo que impulsa el municipio.

“Lo que presentamos corresponde a los montos de inversión contemplados en la cartera de proyectos 2026 y a la planificación de nuestro Plan Estratégico de Desarrollo con horizonte al año 2030. Buscamos transformar a Sierra Gorda y Baquedano en nodos estratégicos de desarrollo. Sierra Gorda, asociada a los nuevos servicios que demanda la minería, especialmente en alojamiento y servicios especializados; y Baquedano, vinculada al Corredor Bioceánico, consolidándose como un hub logístico y agroindustrial para la macrozona”, expresó.

Figueroa agregó que actualmente la comuna se encuentra desarrollando procesos de planificación urbana, macrourbanizaciones y proyectos detonantes que permitirán habilitar suelo urbano para futuras inversiones.

“Estamos trabajando en la planificación de lotes, macrourbanizaciones, diseños urbanos e inversiones habilitantes que nos permitan disponer de suelo para atraer inversionistas de Antofagasta y de todo el país. Queremos generar las condiciones necesarias para el desarrollo de nuevos sectores logísticos, industriales y de servicios mineros que impulsen el crecimiento de la comuna”, aseveró.

Principales inversiones

Entre las principales iniciativas destacadas durante la exposición se encuentran la macrourbanización logística de Baquedano, con una inversión cercana a los $15.000 millones; la construcción de un nuevo liceo para la comuna, también por alrededor de $15.000 millones con apoyo del Gobierno Regional; el nuevo edificio consistorial y una serie de proyectos de infraestructura pública que, en conjunto, representan inversiones cercanas a los $50.000 millones.

Asimismo, se proyecta una cartera total de iniciativas públicas y público-privadas que supera los $150.000 millones para los próximos años.

El presidente de la CChC Antofagasta, Tomás Müller Salomón, valoró la instancia y destacó la relevancia de acercar este tipo de oportunidades al ecosistema regional de la construcción.

“Para nuestro gremio es fundamental generar espacios que permitan conocer de primera fuente los planes de desarrollo de las comunas de la región. Estas instancias contribuyen a difundir oportunidades de inversión en infraestructura y a fortalecer la vinculación entre el sector público y privado. Cuando existe una visión compartida de desarrollo, es posible impulsar proyectos que generan empleo, dinamizan la economía local y, sobre todo, construyen una mejor calidad de vida para las personas de Sierra Gorda y Baquedano”, afirmó.

Fuente Mch

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La acción judicial sostiene que la existencia de botaderos, acopios y depósitos de residuos mineros ubicados tanto en las cercanías como dentro del radio urbano de la comuna habría generado afectaciones sobre distintos componentes ambientales y sobre la calidad de vida de la población local.

Demandantes atribuyen impactos a depósitos de residuos mineros

Según los antecedentes expuestos en la demanda, los reclamantes afirman que diversos depósitos asociados a operaciones mineras contienen material particulado fino y metales que podrían estar afectando componentes como el aire, el suelo, la flora, la fauna, los ecosistemas y el medio humano.

La presentación judicial sostiene que los efectos denunciados tendrían un carácter acumulativo, crónico y permanente, argumentando que existiría una afectación ambiental que continuaría expandiéndose debido a la persistencia de emisiones en sectores próximos a Villa Estadio, la Escuela Luis Uribe y el sector de Nantoco.

Solicitan medidas de remediación y monitoreo

Entre las medidas solicitadas al tribunal se incluyen la remoción, estabilización, confinamiento o cobertura definitiva de los depósitos de residuos mineros cuestionados.

Asimismo, los demandantes pidieron la prohibición del tránsito de camiones sin sistemas adecuados de contención de carga en zonas urbanas, la implementación de programas permanentes de monitoreo ambiental, la realización de estudios técnicos independientes sobre dispersión de material particulado y la ejecución de medidas de remediación y seguimiento ambiental. La demanda también solicita que los costos asociados a estas acciones sean asumidos por las entidades demandadas.

Tribunal rechazó medida cautelar solicitada

Junto con la acción principal, los demandantes solicitaron una medida cautelar innovativa destinada a ordenar la realización de análisis químicos y mineralógicos de materiales depositados en sectores cercanos a Villa Estadio y la Escuela Luis Uribe.

El objetivo de dicha solicitud era elaborar un informe técnico-científico que permitiera determinar la composición de los materiales y evaluar eventuales riesgos ambientales o para la salud de la población.

Tras revisar los antecedentes acompañados, el tribunal resolvió no acoger la medida cautelar, señalando que los documentos presentados no permiten configurar una presunción grave del derecho reclamado ni acreditar la existencia de un riesgo actual, concreto e inminente que justifique su adopción.

Fuente Reporte Minero

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La presentación fue realizada por el subsecretario de Minería, Álvaro González, en el marco de una jornada de trabajo desarrollada junto al seremi de Minería de Coquimbo, Juan Carlos Salinas, donde también se abordaron desafíos y oportunidades para la pequeña y mediana minería de la región.

Proyecto busca simplificar el acceso a la patente rebajada

La iniciativa propone modificaciones al régimen de patentes mineras establecido en el Código de Minería, con el objetivo de simplificar los requisitos para acceder a la patente rebajada y otorgar mayor certeza a los productores de menor escala.

Según explicó la autoridad, uno de los cambios planteados es la eliminación de exigencias relacionadas con parentescos y determinadas figuras societarias que actualmente condicionan el acceso al beneficio para pequeños productores.

Asimismo, el proyecto propone eliminar el mecanismo de aumento progresivo de las patentes para ciertos casos y ampliar los potenciales beneficiarios incorporando no solo a los concesionarios, sino también a arrendatarios y a quienes exploten legítimamente una pertenencia minera.

“La iniciativa busca facilitar el acceso al sistema y entregar mayor certeza a los pequeños productores respecto del proceso de postulación a la patente rebajada”, señaló el subsecretario González durante el encuentro.

Incorpora incentivos para actividades de exploración

Entre las modificaciones propuestas también se incluye una nueva causal de rebaja asociada a actividades de exploración minera. De acuerdo con lo informado por la Subsecretaría de Minería, este mecanismo permitiría evitar que los productores deban realizar postulaciones anuales para mantener el beneficio, entregando mayor continuidad administrativa a los proyectos.

Además, la propuesta busca mantener el esquema de pago proporcional vigente para determinadas pertenencias mineras durante sus primeros años de constitución.

Iniciativa inició tramitación en la Cámara de Diputados

El proyecto ingresó recientemente al Congreso y comenzó su análisis en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, donde será discutido durante su primer trámite constitucional.

Desde el Ejecutivo han señalado que la propuesta busca contribuir al desarrollo de la pequeña y mediana minería mediante ajustes regulatorios orientados a simplificar procesos administrativos y entregar mayor certidumbre a los productores.

La presentación legislativa formó parte de una jornada de diálogo entre autoridades y representantes de asociaciones mineras de las provincias de Elqui y Limarí. Durante la actividad se analizaron materias vinculadas al desarrollo de la pequeña y mediana minería regional, incluyendo aspectos regulatorios, acceso a beneficios sectoriales y perspectivas para la actividad extractiva en la Región de Coquimbo.

Fuente Reporte Minero

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La sesión fue encabezada por la presidenta de la instancia, Yasna Provoste, junto a los senadores Daniel Núñez, Renzo Trisotti, Juan Luis Castro y Miguel Ángel Calisto, quienes recibieron al vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco, Gabriel Méndez, y al presidente del Sindicato Chuquicamata, Hernán Guerrero.

Comisión revisó antecedentes sobre investigación interna

Durante la reunión, los parlamentarios solicitaron información sobre la investigación iniciada tras detectarse una desviación en las cifras de producción informadas por la estatal durante 2025, situación que derivó en auditorías internas y externas impulsadas por el directorio.

Gabriel Méndez explicó que la administración encabezada por el presidente del directorio, Bernardo Fontaine, y el presidente ejecutivo, Rubén Alvarado, definió como prioridades fortalecer la seguridad, maximizar los aportes al Estado sin incrementar la deuda, recuperar la confianza institucional y avanzar en sostenibilidad.

“El directorio nos informó una investigación interna sobre las desviaciones de productividad del 2025 y otra externa, sobre ello y los costos del edificio de la casa matriz porque queremos una revisión objetiva de los hechos”, señaló Méndez.

El ejecutivo agregó que la compañía busca fortalecer la continuidad operacional, controlar costos, mejorar la productividad y aumentar la generación de excedentes manteniendo una gestión financiera responsable.

Debate abordó deuda, productividad y tercerización

Durante la sesión también se discutieron los niveles de endeudamiento de la corporación, la ejecución de proyectos estructurales y el uso de servicios prestados por terceros.

El presidente del Sindicato Chuquicamata, Hernán Guerrero, sostuvo que el aumento de la deuda está asociado principalmente al desarrollo de proyectos de inversión y cuestionó la capacidad de reinversión de la empresa bajo el actual esquema de aportes al Estado.

Asimismo, planteó inquietudes respecto del avance de procesos externalizados en distintas áreas de la corporación. “Este gobierno no habla de privatizar en forma directa, pero hay que decir que hoy ya hay una privatización parcial. Se entregan trabajos a terceros y en algunos negocios participan empresas externas que obtienen utilidades mientras el mandante enfrenta otras restricciones”, sostuvo.

Senadores buscan despejar dudas sobre una eventual privatización

Uno de los temas que concentró la atención de los parlamentarios fue la posibilidad de que determinadas decisiones operacionales o de gestión pudieran interpretarse como una pérdida gradual del control estatal sobre áreas estratégicas de la empresa.

El senador Daniel Núñez planteó la necesidad de analizar el fortalecimiento de capacidades propias en áreas consideradas estratégicas para la corporación, mientras que el senador Renzo Trisotti solicitó antecedentes sobre las investigaciones asociadas a las desviaciones productivas detectadas.

Por su parte, el senador Miguel Ángel Calisto sostuvo que resulta necesario aclarar públicamente cualquier duda respecto de la propiedad estatal de la compañía, sin dejar de discutir mecanismos que permitan mejorar su eficiencia y competitividad.

Firma de respaldo a Codelco

Al término de la sesión, la Comisión aprobó una declaración conjunta en la que reafirma el carácter estratégico de Codelco para el país y expresa su respaldo a la empresa estatal. En el documento, los parlamentarios señalaron que la corporación constituye la principal empresa del Estado y uno de los pilares del desarrollo económico nacional, destacando la necesidad de fortalecer su gobernanza, productividad, transparencia y competitividad.

Asimismo, acordaron constituirse como una instancia permanente de seguimiento a la gestión de la minera estatal, recibiendo periódicamente a ejecutivos y representantes de los trabajadores.

La declaración también establece el compromiso de defender la naturaleza pública de Codelco, promover iniciativas que fortalezcan su gobierno corporativo y respaldar su participación en áreas estratégicas como la industria del litio y las asociaciones público-privadas, resguardando el interés nacional y el desarrollo sostenible de los territorios.

Fuente Reporte Minero

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La lista encabezada por Pía Suárez obtuvo el respaldo del 94% de la Asamblea, lo que permitirá dar continuidad al proceso institucional desarrollado durante los últimos años al interior de la asociación.

Continuidad de una etapa de crecimiento institucional

Suárez se desempeñó como la primera presidenta electa de AME Chile durante el período 2024-2025. Según informó la organización, su gestión estuvo marcada por el crecimiento de la asociación, la ampliación de su presencia en el sector energético y el fortalecimiento de vínculos internacionales.

Entre los hitos destacados se encuentra la creación de RedLACME, la Red Latinoamericana y Caribeña de Mujeres en Energía, integrada por organizaciones de distintos países de la región.

Tras conocerse los resultados, Suárez señaló:“Recibimos este respaldo como una responsabilidad colectiva. AME ha crecido porque muchas mujeres del sector energético decidieron poner su trayectoria, su tiempo y su convicción al servicio de un propósito compartido”.

Asimismo, agregó que el nuevo ciclo buscará fortalecer la comunidad de la asociación, ampliar los espacios de participación y aumentar su presencia en las discusiones vinculadas al futuro del sector energético.

Nueva directiva para el período 2026-2029

De acuerdo con los resultados oficializados por la organización, la nueva directiva quedó conformada por:

• Pía Suárez, presidenta.
• María Fernanda Contreras, primera vicepresidenta.
• Heidi Molina, segunda vicepresidenta.
• Evelyn Stevens, vicepresidenta suplente.
• María Gabriela Alcázar, secretaria ejecutiva.
• Jennifer Salazar, secretaria ejecutiva suplente.
• Daniela Rodríguez, tesorera.
• Susana Morales, tesorera suplente.

También se definieron los órganos internos de la asociación

El proceso eleccionario incluyó además la renovación de las instancias encargadas de apoyar la gobernanza interna de AME Chile.

La Comisión Revisora de Cuentas será presidida por Nicole Gómez, acompañada por Gretchen Zbinden y Nicole Thomas como integrantes titulares, mientras que Iberia Irazzoky asumirá como suplente. Por su parte, el Comité Electoral quedó integrado por Fernanda Tapia, María José Zegers y María Francia González.

La Comisión de Ética y Disciplina estará encabezada por Claudia Quappe, junto a Consuelo Valenzuela y Lilian Núñez como integrantes titulares, además de Andrea Murias como suplente.

Según el cronograma institucional informado por la asociación, las nuevas autoridades asumirán oficialmente sus funciones el próximo 8 de junio de 2026.

Fuente Reporte Minero

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La acreditación valida el cumplimiento de exigentes estándares en infraestructura, equipamiento tecnológico, metodologías de enseñanza y competencias de instructores, posicionando a CEIM dentro de una red global de excelencia en formación tecnológica industrial.

La certificación fue oficializada tras la evaluación de representantes de Festo Sudamérica en las instalaciones de CEIM. La delegación integrada por Ligia De Oliveira (Head of Didactic SAM), Rodrigo Guarnizo (Sales Manager Didactic SAM), Juan Pablo Quinteros (Business Driver DID) y Jorge Benítez (Asesor Senior de Festo) validó el cumplimiento de los requisitos técnicos y formativos establecidos por el modelo FACT.

Impacto en la formación técnica minera

Rodrigo Guarnizo Gómez, gerente de Ventas de Didáctica de Festo, destacó el logro: «CEIM para nosotros siempre fue un objetivo, porque sabemos todo lo que representa y el trabajo que realiza para que las personas puedan desarrollarse profesionalmente y llegar al sector productivo con más herramientas y conocimientos. En nombre de Festo, estamos muy agradecidos y contentos de poder certificar estos talleres, porque los estudiantes tendrán acceso a las tecnologías que desarrollamos y que hoy están presentes en la industria.»

El proceso de certificación consideró evaluación integral de infraestructura, equipamiento, programas formativos y capacidades docentes, validando además la formación de instructores especializados y la aplicación de metodologías alineadas con estándares internacionales en automatización y robótica.

Diferenciación internacional en competencias mineras

José Antonio Díaz, gerente general de CEIM, explicó el alcance del hito: «Esta certificación valida nuestras capacidades técnicas y metodológicas, pero también reconoce una propuesta formativa que hemos construido durante más de 25 años junto a la industria minera. Hoy contamos con una plataforma de formación que combina estándares internacionales de automatización y robótica con el desarrollo de competencias para la minería, configurando una propuesta de valor altamente diferenciada».

Para Pablo Lobos, gerente de Desarrollo de Competencias de CEIM, la acreditación FACT constituye una plataforma estratégica para fortalecer la oferta formativa. «La certificación confirma que contamos con capacidades instaladas, instructores especializados y metodologías de formación que responden a las exigencias de la industria moderna. Este hito nos permitirá seguir potenciando áreas como automatización, robótica, digitalización y nuevas tecnologías, aportando al desarrollo de las competencias que hoy demanda la minería y los sectores productivos del país», indicó.

Oportunidades de expansión formativa

La incorporación de CEIM a la red internacional FACT abre nuevas oportunidades para desarrollo de programas especializados, formación avanzada de instructores, actualización tecnológica y colaboración con empresas e instituciones educacionales, fortaleciendo el acceso a formación técnica de clase mundial desde el norte de Chile.

Festo Didactic, división de la compañía alemana líder mundial en automatización industrial, opera la red FACT que certifica centros de entrenamiento cumpliendo con estándares de excelencia en infraestructura, equipamiento, metodologías e instructores para la formación en tecnologías industriales de última generación aplicadas a operaciones productivas complejas.

Fuente Reporte Minero

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Este cambio de paradigma fue destacado por Andrés López Skoknic, gerente de Planificación Ambiental y Biodiversidad de Ausenco, durante su participación en el Seminario Internacional Planning for Closure 2026. En su exposición titulada «Post-Mining Land Use Planning: Toward A Net Positive Gain», el ejecutivo evidenció cómo la industria ha evolucionado en respuesta a mayores exigencias de sostenibilidad, acceso a información y presiones de comunidades locales.

«Existe una expectativa creciente por parte de las comunidades respecto a que las operaciones no solo mitiguen sus impactos, sino que además impulsen condiciones socioambientales favorables para el entorno una vez finalizada la actividad minera», señaló López Skoknic.

Estándares internacionales y criterios medibles

Los procesos de cierre minero ahora incorporan criterios de restauración ecológica, biodiversidad, conectividad de ecosistemas y recuperación de especies nativas, complementados con indicadores socioeconómicos vinculados a empleabilidad y reconversión laboral.

Según explicó el ejecutivo de Ausenco, la proliferación en años recientes de estándares internacionales ha materializado lineamientos con métricas verificables, incluyendo presencia de especies nativas, cobertura vegetal, conectividad ecológica, control de erosión y recuperación de funciones ecosistémicas. Algunos de estos marcos incluyen también dimensiones socioeconómicas específicas.

«El desafío no es únicamente técnico. Es necesario comprender las expectativas de las comunidades, definir alternativas viables para el uso futuro del sitio y proyectar soluciones sostenibles en el largo plazo, lo que implica involucrar genuinamente a todos los actores en el proceso», afirmó López Skoknic.

Relevancia estratégica en el contexto chileno

En Chile, esta transformación reviste importancia crítica debido al envejecimiento de ciertas operaciones mineras, incremento de exigencias ESG y necesidad de fortalecer vínculos entre la minería y los territorios bajo creciente escrutinio ambiental y social.

El análisis de alternativas de uso del sitio en etapa post-cierre presenta desafíos múltiples que requieren establecer una gobernanza ad-hoc, identificar expectativas de partes interesadas y realizar evaluaciones rigurosas de riesgos y costos asociados a cada opción. «El desafío para la industria es transitar desde la visión extractivista hacia modelos que generen beneficios netos positivos sostenibles en el tiempo», concluyó el ejecutivo de Ausenco.

Fuente Reporte Minero

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Durante su intervención, Chahuan destacó que los minerales se han convertido en un componente esencial de la vida cotidiana y del proceso de transición energética mundial. «Un celular tiene más de 10 metales dentro. Estamos frente a una situación real en la cual la industria va a estar exigida porque la demanda está», señaló el ejecutivo.

Vehículos eléctricos como motor de transformación

El presidente del WMC 2026 explicó que el crecimiento sostenido del mercado de vehículos eléctricos es uno de los principales motores de esta transformación minera. La evolución tecnológica de las baterías ha permitido una mayor autonomía y eficiencia en las operaciones. «Los vehículos eléctricos pasaron de un rendimiento de 100 a 400 o 500 kilómetros de autonomía, y cada vez la carga es más rápida», sostuvo.

En ese contexto, Chahuan enfatizó que Perú y otros países de la región cuentan con una ventaja competitiva difícil de replicar debido a su riqueza geológica. «Tenemos una ventaja competitiva tremenda, que es contar con los recursos geológicos que nos permitirían satisfacer esa demanda global», manifestó.

Desafíos para convertir potencial en desarrollo

Sin embargo, el ejecutivo advirtió que uno de los principales desafíos para convertir este potencial en desarrollo económico es la necesidad de contar con procesos más eficientes y tiempos de aprobación reducidos. «El Estado debe ser partícipe, reduciendo los tiempos sin bajar la calidad y la exigencia», señaló Chahuan.

Asimismo, enfatizó que atraer inversiones requiere reglas claras y estabilidad jurídica de largo plazo. «Nadie va a invertir en cualquier industria si cambian las reglas de juego al año o a los dos años», afirmó.

World Mining Congress 2026: agenda global minera

El presidente del WMC 2026 adelantó que el evento reunirá a líderes empresariales, autoridades, especialistas y representantes de la academia para debatir sobre los principales desafíos y oportunidades de la minería global. Entre los temas centrales estarán la demanda futura de minerales críticos, la competitividad de los países productores, la inteligencia artificial aplicada a la exploración minera y las nuevas tecnologías que transforman la industria.

El World Mining Congress 2026 se realizará del 24 al 26 de junio de 2026 en Lima y congregará a líderes de la industria minera mundial, autoridades gubernamentales, inversionistas, académicos y especialistas en innovación. Las inscripciones están disponibles en www.wmc2026.org.

Fuente Reporte Minero

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El control estatal sobre minerales críticos está entrando en una etapa más sofisticada. Según análisis de la firma global Gibson Dunn, la competencia por litio, tierras raras y otros insumos esenciales ha dejado de concentrarse únicamente en disputas por impuestos y regalías. Ahora incluye controles de exportación, mandatos de procesamiento local, cuotas productivas y revisiones más estrictas sobre inversiones extranjeras, transformando estos minerales desde un negocio minero tradicional hacia una competencia geopolítica con implicaciones en vehículos eléctricos, almacenamiento de energía, inteligencia artificial y defensa.

Gibson Dunn advierte que «Resource nationalism has moved well beyond royalty disputes», señalando que el terreno legal para estos activos está cambiando tan rápido como el político. Las estrategias que protegieron a inversionistas en ciclos anteriores podrían no ser suficientes para enfrentar la nueva etapa.

China amplía controles, Congo impone cuotas e Indonesia consolida procesamiento local

China protagoniza el episodio más visible. En octubre de 2025, el país amplió sus controles a la exportación de tierras raras, materiales y tecnologías asociadas, aunque suspendió posteriormente esas medidas en el marco de un entendimiento más amplio con Washington. El movimiento evidenció la capacidad del país asiático para usar su dominio en procesamiento de tierras raras como herramienta de negociación internacional.

La República Democrática del Congo impuso en febrero de 2025 una prohibición a las exportaciones de cobalto, posteriormente reemplazada por cuotas de producción, generando disrupciones en mercados clave para baterías. Indonesia consolidó una política de prohibición a exportaciones de níquel que impulsó inversiones en procesamiento local. Vietnam reforzó el control estatal sobre tierras raras y prohibió exportaciones sin procesar.

En América Latina, Chile mantiene una estrategia de litio con fuerte participación estatal, alineada con la visión de que estos recursos son activos estratégicos para desarrollo económico y tecnológico.

Estados Unidos y Unión Europea buscan asegurar suministros confiables

Mientras países productores buscan capturar mayor valor en la cadena, economías industriales avanzan en estrategias defensivas. Estados Unidos elevó los minerales críticos a prioridad de seguridad nacional mediante reservas estratégicas e iniciativas de cadenas de suministro con países aliados. La Unión Europea implementa su Critical Raw Materials Act, orientado a reducir dependencia externa, fortalecer producción interna y aumentar capacidad de procesamiento dentro del bloque.

El resultado es un escenario más competitivo, donde ubicación de plantas de procesamiento, acuerdos de suministro, alianzas geopolíticas y regulaciones nacionales son tan relevantes como la calidad geológica de los yacimientos.

Nuevos riesgos legales transforman contratos mineros

La diferencia con ciclos anteriores es que gobiernos utilizan instrumentos sofisticados sin recurrir necesariamente a nacionalizaciones directas. Las herramientas incluyen restricciones a exportaciones, cambios en licencias, cuotas de producción, requisitos de procesamiento local y revisiones por seguridad nacional, alterando economía de proyectos y abriendo espacio para disputas bajo tratados bilaterales de inversión.

Los principales riesgos legales incluyen posibles reclamos por expropiación indirecta, incumplimiento de estándares de trato justo y equitativo, conflictos por cláusulas de estabilización y disputas contractuales. Muchos contratos negociados en ciclos anteriores incluyen cláusulas protectoras, pero gobiernos podrían invocar argumentos de seguridad nacional o interés público para justificar nuevas restricciones.

Empresas deben revisar estructura de propiedad y cadenas de suministro

Frente a este panorama, compañías vinculadas a litio, tierras raras, cobalto y níquel deberán anticiparse a conflictos regulatorios. La recomendación es revisar estructuras de propiedad, actualizar contratos, evaluar seguros de riesgo político y rediseñar cadenas de suministro con criterios geopolíticos.

Será clave analizar dónde se ubican plantas de procesamiento y qué jurisdicciones ofrecen mayor estabilidad regulatoria. Los acuerdos de joint venture, inversiones estratégicas y contratos de offtake estarán bajo mayor escrutinio regulatorio, con énfasis en seguridad nacional y concentración de capacidades críticas.

Una tendencia que seguirá moldeando la minería global

La expansión del nacionalismo de recursos no muestra retroceso. Gobiernos de distinto signo político coinciden en que minerales críticos requieren tratamiento especial por su importancia para transición energética, inteligencia artificial, electromovilidad, manufactura avanzada y defensa.

A diferencia de ciclos anteriores, esta ola es más amplia, técnica y estratégica. Ya no se limita a mayores impuestos. Ahora incluye controles comerciales, exigencias industriales, alianzas de suministro e intervención estatal. Para compañías que operan en estos sectores, la estrategia legal es inseparable de la estrategia de negocios. Los ganadores serán quienes puedan anticipar riesgos regulatorios, diversificar cadenas de suministro y adaptarse a un mundo donde gobiernos influyen crecidamente en quién produce, procesa y captura valor de minerales críticos.

Fuente Reporte Minero

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El caso es histórico para la institucionalidad minera nacional. Catorce años después de la promulgación de la Ley N.º 20.551 de Cierre de Faenas Mineras, Mina Invierno —proyecto de extracción de carbón ubicado en la Región de Magallanes— demuestra que es posible desarrollar una operación minera responsable desde su inicio hasta su término, cumpliendo con todas las exigencias destinadas a asegurar una gestión responsable de los riesgos post-cierre, la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente.

Si bien las actividades cesaron tras una resolución del Tribunal Ambiental de Valdivia vinculada a aspectos socioambientales, la existencia de un plan de cierre aprobado permitió que el proceso se desarrollara de manera ordenada, segura y conforme a los estándares exigidos por la legislación vigente, bajo supervisión permanente de Sernageomin.

Ciclo regulatorio completo: supervisión integral desde operación a post-cierre

Durante toda la vida útil de Mina Invierno, Sernageomin supervisó activamente el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el plan de cierre, incluyendo actualizaciones, auditorías periódicas, resguardo de garantías financieras y fiscalizaciones orientadas a verificar la estabilidad del territorio en el largo plazo.

El proceso contó con coordinación entre distintos organismos públicos con competencias en la materia, permitiendo un seguimiento integral que aseguró que la empresa cumpliera los estándares requeridos para obtener la certificación final. Las medidas contempladas en el plan garantizaron la estabilidad física y química de las instalaciones, minimizando potenciales impactos futuros y contribuyendo a la protección de la salud y el entorno natural.

Autoridades validan precedente para minería responsable

El director nacional (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca, destacó que «este es un hito para la minería chilena y para la institucionalidad pública. Por primera vez vemos completado en su totalidad el ciclo que establece la Ley de Cierre, demostrando que es posible desarrollar una actividad minera responsable desde el inicio de sus operaciones hasta el término de su vida útil. La certificación de Mina Invierno refleja el compromiso del Estado por resguardar la seguridad de las personas, la protección del medio ambiente y la sostenibilidad de la actividad minera en el largo plazo».

El subdirector nacional de Minería, Andrés León, añadió que «este resultado es la expresión concreta de un trabajo técnico sostenido en el tiempo y del acompañamiento permanente de Sernageomin a lo largo de las distintas etapas del proyecto. La certificación otorgada acredita que las medidas comprometidas fueron ejecutadas conforme a los estándares exigidos por la normativa, permitiendo asegurar la estabilidad física y química de las instalaciones y reducir los riesgos para las personas y el entorno».

León concluyó que «la experiencia de Mina Invierno marca un punto de referencia para futuros procesos en la industria y evidencia la importancia de contar con herramientas regulatorias que permitan gestionar adecuadamente los riesgos asociados al término de las operaciones mineras».

Precedente para descarbonización y gestión post-operacional

Catorce años después de su promulgación, la Ley de Cierre demuestra su efectividad como instrumento para gestionar adecuadamente el término de operaciones mineras y reducir riesgos asociados. El caso de Mina Invierno establece un modelo replicable para la industria nacional en contexto de transición energética y minería responsable, validando que la regulación moderna permite compatibilizar la actividad extractiva con la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad territorial a largo plazo.

Fuente Reporte Minero

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