La Comisión de Minería y Energía comenzó la discusión en particular del proyecto de ley del Ejecutivo que busca modernizar el gobierno corporativo de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) (boletín 17372-08), una reforma que pretende elevar estándares de probidad, transparencia e independencia y, al mismo tiempo, blindar a la estatal de los vaivenes políticos.
La ministra de Minería, Aurora Williams, ha defendido que el diseño recoge directrices OCDE sobre gobernanza de empresas públicas, con foco en profesionalización del directorio, autonomía operativa y reglas más estrictas de responsabilidad e inhabilidades.
El corazón de la reforma: un nuevo directorio y reglas “tipo mercado”
El mensaje presidencial que dio origen a la iniciativa plantea un rediseño profundo del directorio. En su formulación base, propone un directorio de siete integrantes, designados por el Presidente de la República bajo un esquema mixto que combina nombramientos directos, un cupo propuesto por trabajadores y selección con criterios vinculados a la Alta Dirección Pública (ADP).
Además, el proyecto incorpora:
- Requisitos académicos y de experiencia para ser director, junto con un régimen de inhabilidades e incompatibilidades más estricto.
- Duración de cuatro años, con posibilidad de una reelección inmediata y renovación parcial para evitar cambios totales en un solo ciclo.
- Criterio de paridad, limitando la proporción de un mismo sexo dentro del directorio (según versiones previas debatidas en comisión).
La reforma también se presenta como una forma de “actualizar” una estructura que, según se argumenta en la tramitación, se ha mantenido sin cambios sustantivos desde la década de 1960.
El punto más polémico: representación gremial vs. independencia
Si hay una línea roja, es esta: ¿debe ENAMI tener representantes de gremios en su directorio?
Desde que el Ejecutivo transparentó el rediseño, SONAMI cuestionó que el nuevo esquema busque eliminar cupos gremiales que hoy participan de la mesa, argumentando que la decisión podría alejar la conducción estratégica de la realidad regional y del rol histórico de fomento a la pequeña y mediana minería.
En la vereda contraria, el Gobierno ha defendido que las recomendaciones OCDE apuntan a fortalecer la independencia del directorio para evitar conflictos de interés y aumentar profesionalización y transparencia.
Lo que se está discutiendo ahora: perfiles, “asientos” y el rol de los trabajadores
En el inicio del debate del articulado, el diputado Cristián Tapia planteó reparos sobre cómo queda representado el ecosistema de la pequeña y mediana minería en la propuesta y también sobre el perfil de los directores designados por el gobierno de turno. Además, hizo una distinción respecto del rol de los sindicatos: la relación, dijo, debe abordarse como contraparte en negociación colectiva, no dentro de un “directorio técnico”.
Ese tipo de intervenciones anticipa el nudo político del proyecto: el equilibrio entre independencia y profesionalización (estándar OCDE) versus representatividad sectorial en una empresa cuyo mandato histórico está estrechamente ligado al fomento minero.
Por qué este debate importa
Porque ENAMI no es solo una empresa: es un instrumento público de fomento. La reforma podría redefinir, en la práctica:
- Cómo se toman decisiones estratégicas (y con qué contrapesos).
- Qué tan blindada queda la estatal frente a ciclos políticos.
- Qué grado de control y fiscalización se refuerza hacia adelante (transparencia, información relevante, estándares de gestión).
Y, sobre todo, porque lo que se decida en el directorio suele terminar afectando lo que más importa en terreno: capacidad de compra, fomento, inversiones, y sostenibilidad financiera de la empresa.
Fuente: Reporte Minero