La Comunidad Indígena Aymara de Umirpa, la Asociación Indígena Quechua Kawsaq Llaqta y un grupo de participantes del proceso de participación ciudadana presentaron una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental en contra de la resolución de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que rechazó un recurso administrativo relacionado con la aprobación del proyecto de exploración geológica minera Champagne, de la empresa Andex Minerals Chile SpA.
La acción judicial busca impugnar la resolución que confirmó la calificación ambiental favorable de la iniciativa, emplazada en la Región de Arica y Parinacota.
Observaciones sobre la evaluación ambiental
De acuerdo con los antecedentes presentados por los reclamantes, durante la evaluación ambiental no habrían sido debidamente consideradas diversas observaciones ciudadanas vinculadas al medio humano, los sistemas de vida y costumbres de comunidades indígenas, así como eventuales impactos sobre recursos hídricos, biodiversidad y áreas protegidas cercanas.
Según la reclamación, el proyecto se emplazaría en territorios utilizados históricamente por comunidades indígenas, donde existirían sitios ceremoniales, rutas de tránsito tradicional, sectores de pastoreo, vertientes y bofedales. Asimismo, los reclamantes sostienen que el cerro Anocarire posee relevancia cultural y espiritual para comunidades aymaras de la zona.
Otro de los cuestionamientos planteados apunta a la vía de evaluación ambiental utilizada por el titular. Los recurrentes argumentan que el proyecto debió ingresar mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y no a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), debido a los posibles efectos sobre comunidades indígenas y componentes ambientales del área de influencia.
Proyecto contempla 12 sondajes de exploración
La iniciativa de Andex Minerals Chile considera la ejecución de 12 sondajes de exploración mediante perforación diamantina o aire reverso, distribuidos en nueve plataformas, con el objetivo de evaluar el potencial geológico del sector para determinar la presencia de cobre, oro y plata.
El proyecto contempla además la habilitación de caminos de acceso, piscinas de lodos, campamentos e instalaciones de apoyo asociadas a las labores exploratorias. La inversión estimada alcanza los US$18 millones y el plazo de ejecución proyectado es de 28 meses.
Tribunal admitió la reclamación
El Primer Tribunal Ambiental acogió a trámite la reclamación y solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental la remisión de un informe que fundamente la decisión adoptada, además de los antecedentes administrativos vinculados al proceso de evaluación.
La acción judicial busca que se deje sin efecto la resolución impugnada y que las observaciones ciudadanas presentadas durante la evaluación ambiental sean nuevamente analizadas por la autoridad competente.
Junto con la reclamación, los recurrentes solicitaron una medida cautelar conservativa destinada a suspender los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó el proyecto.
Los solicitantes argumentan que existirían obras asociadas a la iniciativa que no habrían sido evaluadas de manera íntegra, lo que podría generar impactos sobre recursos hídricos, biodiversidad, áreas protegidas y componentes del medio humano antes de que exista un pronunciamiento judicial definitivo.
Fuente Reporte Minero