El Sindicato Chuquicamata, que representa a cerca de 1.300 trabajadores, rechazó categóricamente cualquier devolución de bonos vinculados a metas de producción después de que Codelco detectara una sobreestimación del 2% en sus cifras de cobre del año pasado. La postura del gremio, coordinada con otras organizaciones sindicales de la división, advierte movilizaciones y acciones legales si la estatal persiste en exigir el reintegro de pagos ya percibidos.
«Cumplimos las metas de producción. No vamos a devolver ni un peso«, afirmó el presidente del sindicato, Hernán Guerrero, en declaraciones públicas. Alberto Muñoz Sandoval, director legislativo de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), fue más enfático: «No hay ninguna opción de devolver ni un puto peso. Nosotros vamos a producir todos los días. Así que los altos ejecutivos tendrán que asumir su responsabilidad».
Magnitud del error y pagos involucrados
La auditoría interna de Codelco, iniciada tras una denuncia del 3 de marzo, identificó desviaciones en el reporte de casi 27 mil toneladas de cobre fino, equivalentes al 2% de la producción anual de la corporación. Este error de cálculo generó pagos adicionales de aproximadamente US$14 millones en bonos a más de 6.000 trabajadores, ejecutivos y profesionales de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz.
Los trabajadores percibieron montos variables en los incentivos. Mientras la empresa divulgó un promedio de devolución de dos millones de pesos, los sindicatos cuestionan esa cifra. Según Muñoz Sandoval, los supervisores recibieron bonificaciones significativamente mayores: «El supervisor más malo, el más nuevito, fueron $12 millones para el bolsillo».
Rechazo a reintegro y postura gremial coordinada
La resistencia sindical está coordinada entre el Sindicato N°1 de Chuquicamata y otras organizaciones de la división, junto con delegaciones de Radomiro Tomic, Ministro Hales y Gabriela Mistral. Los dirigentes argumentan que los bonos constituyen derechos adquiridos por méritos productivos reales y que la responsabilidad por el error de estimación recae en la administración, no en los trabajadores.
Muñoz Sandoval criticó la falta de comunicación previa: «Codelco jamás nos ha llamado a conversar. Nada. Solamente me enteré por la prensa«. Anunció que los sindicatos recurrirán a acciones legales, incluyendo recursos de protección, y a movilizaciones si la corporación persiste en la exigencia de reintegro.
Crisis de gobernanza en la estatal minera
El episodio expone deficiencias en los controles internos de Codelco. Tamara Agnic, directora de la corporación y presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE), calificó el caso como «muy grave» desde la perspectiva de gobernanza corporativa, aunque defendió que el directorio realizó consultas reiteradas a la administración.
La controversia coincide con cambios en la conducción de la estatal. Bernardo Fontaine asumió recientemente como presidente del directorio en reemplazo de Máximo Pacheco. En el frente del litio, Pacheco renunció al directorio de Novandino, la sociedad entre SQM y Codelco para operaciones en el Salar de Atacama, en medio de presiones del nuevo gobierno del Presidente José Antonio Kast.
Impacto en producción y presiones futuras
Una reducción del 2% en la producción reportada dejaría a Codelco en uno de sus niveles más bajos desde 1997, lo que refuerza la imagen de debilidad operacional de la corporación tras años de retrasos en proyectos estructurales, problemas de ley mineral y dificultades financieras.
Para la estatal, el conflicto representa un desafío multidimensional: corregir cifras de producción, reforzar controles internos, recuperar confianza institucional y evitar escalada sindical. Chuquicamata, histórica división y símbolo de la minería chilena, es clave en cualquier estrategia de recuperación productiva de Codelco. El intento de recuperar bonos ya pagados podría tensar significativamente la relación laboral en una faena fundamental para la corporación.
El ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló que se inicia una nueva etapa que debe estar marcada por excelencia en gestión, seguridad de trabajadores, transparencia y buen uso de recursos públicos.
Fuente Reporte Minero