En condiciones de ser revisado por la Sala del Senado quedó un nuevo segundo informe de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, respecto del proyecto de ley que dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento.
La iniciativa, de autoría del Ejecutivo, fue analizada en particular por la Sala el pasado 9 de diciembre. En esa instancia se aprobaron, con 34 votos a favor y una abstención, las disposiciones respaldadas sin modificaciones, lo que motivó su reenvío a la Comisión para la elaboración de un nuevo segundo informe.
Durante la sesión se solicitó una votación separada en relación con las sanciones aplicables a universidades privadas por eventuales faltas a la transparencia activa, específicamente vinculadas a la participación de funcionarios de instituciones de educación superior en empresas de base científico tecnológica. Asimismo, se planteó la existencia de una indicación declarada inadmisible, que buscaba otorgar al Estado un rol en los procesos de patentamiento de invenciones desarrolladas total o parcialmente con financiamiento público.
Frente a estos puntos, la Sala resolvió requerir un nuevo segundo informe a la Comisión de Desafíos del Futuro. En ese contexto, la instancia legislativa se reunió el lunes 15 de diciembre con el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle, junto a los senadores Juan Antonio Coloma y Francisco Chahuán.
Respecto de las sanciones por incumplimientos de transparencia, la presidenta de la Comisión, senadora Ximena Órdenes, junto a los parlamentarios presentes, aprobaron por unanimidad que, en caso de que una institución de educación superior privada incurra en una falta injustificada o derivada de una acción u omisión deliberada o dolosa, dicha infracción sea considerada de carácter gravísimo.
En torno a este punto, se abrió además un debate sobre las diferencias normativas existentes entre universidades públicas y privadas, particularmente en relación con los marcos legales que regulan los procesos de transparencia y acceso a la información.
Fuente: Reporte Minero