El marco regulatorio establece procedimientos conjuntos para proyectos transfronterizos, pero las decisiones finales permanecen exclusivamente en manos de los Estados. Conoce el proceso de aprobación.
El Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile regula el desarrollo de proyectos mineros transfronterizos que requieren operar simultáneamente en ambos países. Suscrito el 29 de diciembre de 1997 en San Juan y Antofagasta, y sancionado por el Congreso argentino como Ley 25.243 el 23 de marzo de 2000, el acuerdo establece un marco jurídico que coordina infraestructura, tránsito de personal, aspectos aduaneros, tributarios y operativos para facilitar estos emprendimientos binacionales.
El proceso de incorporación: de la solicitud a la aprobación
A diferencia de lo que suele creerse, el Tratado no se aplica de manera automática. Cada proyecto interesado debe solicitar expresamente su incorporación al régimen y atravesar un proceso de evaluación técnica y legal en ambos países. Durante ese procedimiento intervienen organismos técnicos, legales, aduaneros, migratorios y ambientales de Argentina y Chile, que analizan si el proyecto reúne las condiciones necesarias para acceder a los beneficios previstos por el acuerdo.
Si la evaluación resulta favorable, se elabora un Protocolo Adicional Específico (PAE), documento que establece las condiciones bajo las cuales podrá desarrollarse la operación minera. La aprobación final corresponde a la Comisión Administradora Binacional, máxima autoridad del Tratado, integrada exclusivamente por representantes de ambos Estados.
Estructura de gobierno y responsabilidades estatales
Por Argentina participan en la Comisión la Cancillería, a través de la Dirección de Integración Económica Latinoamericana y el Caribe, y la Secretaría de Minería de la Nación. Por Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, y el Ministerio de Minería a través de la Subsecretaría de Minería.
El Tratado facilita la coordinación de actividades, el desarrollo de infraestructura, la aplicación de mecanismos de facilitación aduanera y tributaria, aspectos vinculados al Impuesto a las Ganancias y la constitución de servidumbres transnacionales, entre otras herramientas necesarias para la ejecución de proyectos binacionales. Estas disposiciones permiten que operaciones complejas en la cordillera, que involucran a la provincia de San Juan, la Región de Coquimbo y la Región de Atacama, funcionen bajo un esquema coordinado.
El rol de las empresas: solicitud sin participación en decisiones
En este esquema, las empresas tienen la posibilidad de presentar sus proyectos y solicitar la aplicación del Tratado, así como plantear las necesidades operativas que requiera cada emprendimiento. Sin embargo, no participan de la administración del acuerdo ni intervienen en la toma de decisiones.
De esta manera, el Tratado funciona como un mecanismo de coordinación entre Argentina y Chile para el desarrollo de proyectos complejos, sin desplazar las facultades de control, autorización y fiscalización, que continúan siendo responsabilidad exclusiva de las autoridades de ambos países.
Fuente: Reporte minero