Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, manifestó su opinión respecto al proyecto del Gobierno que propone modificar el impuesto al diésel para contener el aumento del precio de los combustibles.
Al respecto, Villarino expresó que «es necesario aclarar que el consumo de combustibles en actividades productivas no goza de una exención; simplemente, por diseño técnico, este impuesto busca compensar el uso de vías públicas, las cuales la maquinaria minera no utiliza. De hecho, todo el transporte terrestre que emplea nuestro sector ya paga el impuesto específico correspondiente«.
A ello, el ejecutivo sostuvo que «el proyecto de ley actual desvirtúa esta lógica. Al aplicar un pago del 69% sobre la tasa de 1,5 UTM, la industria minera deberá aportar cerca de 100 millones de dólares en solo seis meses. Según el propio informe financiero del Gobierno, la recaudación total prevista es de 135 millones de dólares, lo que significa que la minería asumirá el 74% de todo el costo de la medida. Esta medida, sorpresiva, se suma a la que el gobierno anterior realizó para financiar las cuentas eléctricas de los clientes regulados, en cuyo caso también fue la minería la que asumió, sin justificación, parte importante del monto involucrado».
Finalmente, el presidente ejecutivo del Consejo minero valoró el esfuerzo por atenuar el precio de los combustibles, sin embargo «no es equitativo alterar un impuesto para gravar selectivamente a sectores estratégicos, afectando su competitividad. Por lo mismo, confiamos en que la búsqueda de recursos públicos adicionales pueda orientarse hacia mecanismos que resguarden las señales económicas necesarias para fomentar la inversión y el crecimiento del país«.
Fuente Mch