El Gobierno de Chile promulgó la Ley N° 21.770, conocida como Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que busca estandarizar y simplificar los procedimientos administrativos requeridos para habilitar proyectos sujetos a regulación. Esta normativa establece un marco general para la actuación de los órganos de la Administración del Estado, con el fin de entregar mayor certeza jurídica a titulares de proyectos y a la ciudadanía.
Impacto en la tramitación minera y energética
En el ámbito de la minería y la energía, la nueva ley busca reducir la dispersión normativa y los plazos asociados a permisos, favoreciendo la predictibilidad y la transparencia en procesos de inversión. Para sectores estratégicos como el cobre, litio e hidrógeno verde, la simplificación de autorizaciones representa un avance clave en la materialización de proyectos que dependen de aprobaciones sectoriales complejas.
La norma establece el Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial, integrado por ministerios, subsecretarías y servicios públicos con competencias vinculadas. Este sistema estará coordinado por la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, que tendrá la misión de supervisar el funcionamiento de los procedimientos y garantizar coherencia entre distintos organismos.
Principios de estandarización y proporcionalidad
Entre los principios que guiarán la aplicación de la ley destacan la estandarización, previsibilidad, simplificación administrativa y costo-efectividad. En la práctica, esto implica que solicitudes similares deberán ser tramitadas de la misma forma en todo el país, evitando duplicidad de requisitos y reduciendo la discrecionalidad en la toma de decisiones.
El texto legal excluye de su aplicación a materias como las autorizaciones tramitadas íntegramente en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), las competencias del Banco Central, Fuerzas Armadas y concesiones mineras especiales reguladas por el Código de Minería. En el caso de proyectos sujetos a evaluación ambiental, los permisos sectoriales quedarán condicionados a la obtención de una resolución favorable.
Plazos y procedimientos digitales
La ley fija plazos máximos diferenciados para la tramitación de permisos, que oscilan entre 25 y 120 días dependiendo del tipo de autorización. Además, se establece la obligación de utilizar el Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales (SUPER), una plataforma digital destinada a centralizar trámites y reducir la carga administrativa para inversionistas y autoridades.
Con la promulgación de esta normativa, nuestro país busca mejorar su competitividad regional frente a países como Perú y Argentina, que han adoptado mecanismos de incentivo a la inversión minera y energética. La expectativa es que la nueva ley permita agilizar el desarrollo de proyectos estratégicos sin debilitar los estándares de protección ambiental y social, fortaleciendo así la posición del país como polo de atracción de capital en los próximos años.
Fuente: Reporte Minero