De acuerdo con Cristián Cifuentes, que Chile pueda abastecer el crecimiento esperado de la demanda de cobre está en riesgo debido a una oferta bastante acotada por la falta de desarrollo de proyectos.
A la hora de formar opinión sobre los diferentes aspectos que afectan a la minería nacional, el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO) es uno de los organismos históricos y referenciales. Desde allí, no han estado ajenos a la discusión sobre la llamada “permisología” y las reformas que se están planteando para agilizar la concreción de inversiones y nuevos proyectos mineros.
De acuerdo con el analista senior del think tank, Cristián Cifuentes, el hecho de que se haya zanjado la discusión legislativa sobre el royalty minero “tendrá un impacto más de futuro, en el sentido de que ha sentado las condiciones base para que otros inversionistas ingresen al país en busca de desarrollar inversiones mineras a las que conocemos actualmente”.
Y precisamente sobre inversiones en esta industria, el especialista analiza que la búsqueda de la electrificación del mundo en base a energías renovables no convencionales “duplicaría el consumo de cobre hacia el 2035, llegando a una demanda muy cercana a los 50 millones de toneladas, donde las tecnologías de transición energética representarían aproximadamente la mitad del incremento. Sin embargo, abastecer este crecimiento esperado de la demanda está en gran riesgo debido a una oferta bastante acotada por la falta de desarrollo de proyectos de cobre”.
Excesiva burocratización
Cristián Cifuentes plantea que “la excesiva burocratización de los permisos en nuestro país está afectando negativamente el desarrollo de los proyectos, entregando poca estabilidad. El poder desarrollar una reforma que apunte a la eficacia de los procesos de permisos, pero sin atentar contra la eficiencia, es importante para poder desarrollar un sin número de proyectos que están en etapas tempranas de avance y que actualmente entran en la categoría de baja probabilidad de materialización en los tiempos presupuestados por las compañías”.
El analista de CESCO, asimismo, advierte de ciertos riesgos en las reformas que legislativamente se están abordando para enfrentar la permisología. “El primero tiene que ver con la viabilidad del “silencio administrativo” que, si no se aborda de forma correcta, podría entregar aún más incertezas y retrasos, sobre todo si los proyectos llegaran a Tribunal Ambiental o a tribunales ordinarios. Ejemplo de estos son aquellos proyectos que han sido aprobados ambientalmente por la autoridad, pero que por ejemplo no se consideró el proceso de consulta indígena, porque así lo definió en su momento el SEA, y posteriormente han sido llevados a tribunales donde se solicitó retrotraer la aprobación del proyecto exigiendo consulta, retrasando los avances. Con el silencio administrativo, pueden ocurrir casos similares”.
“El segundo -plantea- tema tiene que ver con la “inclusión de criterios de proporcionalidad en la tramitación”. Esto permitiría establecer procedimientos que reemplacen autorizaciones por declaraciones, en razón del “riesgo de cada obra, instalación o actividad de un proyecto”, afectando la eficacia de los procesos, y sin abordar el tema más importante: una definición adecuada según tamaño de iniciativa o compañía que solicita los permisos sectoriales. Es un hecho que muchas operaciones de mediana envergadura se han visto afectadas por permisos sectoriales excesivos y no dimensionados a las realidades de los solicitantes”.
Carta de ONGs
Recientemente un grupo de ONGs publicó una carta pidiendo que se le quite la urgencia a la reforma a la permisología, concretamente, la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Sobre este aspecto, Cristián Cifuentes plantea que “es normal que los grupos ambientalistas confundan reformas que buscan acelerar las inversiones con reformas que buscan dejar de lado la eficacia y seriedad de los proyectos, y quienes creemos que es necesario mejorar ciertos procesos estamos confiados que la modificación a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente busca modernizar los procesos”.
Finalmente, el analista senior de CESCO señala que “las reformas propuestas van en el camino correcto, permitiendo acelerar las tramitaciones sectoriales y las ambientales, sin afectar la eficacia de dichos procesos regulatorios. Si bien hay aspectos que aún es necesario analizar en profundidad, vemos que impactarían positivamente a la competitividad de nuestro país. Sin embargo, estos procesos de reforma nunca son rápidos, por ende, mientras más tarden, seguirán entregando un cierto grado de inestabilidad a los inversionistas”.