A siete años de la entrada en vigencia de la Ley 21.015 —que obliga a las empresas con más de 100 trabajadores a contratar al menos un 1% de personas con discapacidad—, el cumplimiento en Chile muestra avances, pero aún deja brechas importantes.
Según registros de la Dirección del Trabajo, en enero de 2026 el 48,8% de las empresas reportó su cumplimiento a través de la plataforma electrónica, cifra que sube frente al 36,4% registrado en 2024. Para la Fundación Miradas Compartidas, el salto es una señal positiva, aunque insuficiente para convertir el estándar legal en inclusión laboral efectiva.
“Todavía queda un largo camino para llegar al 1%, sin embargo, se ha demostrado un avance significativo. Este crecimiento evidencia que las organizaciones están tomando mayor conciencia sobre la importancia de la inclusión laboral”, señaló Belén Salinas, directora de Inclusión Laboral de la fundación.
Del “cumplimiento” a la inclusión real
Desde Miradas Compartidas advierten que el principal desafío no es solo llegar a la cifra, sino evitar que el proceso se reduzca a un trámite anual.
“Este proceso suele vivirse como un trámite, cuando debiera ser una oportunidad para generar inclusión con impacto real”, sostuvo Salinas, recordando que el 31 de enero vence el plazo anual para que las empresas acrediten ante la Dirección del Trabajo el cumplimiento de la normativa, ya sea por contratación directa o mediante medidas alternativas.
Programas, cultura organizacional y resultados
La fundación atribuye parte del progreso a un aumento del interés empresarial por experiencias inclusivas y acciones de cambio cultural. En 2024 participaron cerca de 5.000 personas en sus actividades y en 2025 la cifra llegó a 8.000.
“Las experiencias inclusivas generan un cambio organizacional profundo, donde los colaboradores comienzan a comprender el verdadero sentido de la inclusión y su valor en el entorno laboral”, añadió Salinas.
En el último año, Miradas Compartidas reporta 89 inclusiones laborales, más de 300 procesos de obtención de credencial de discapacidad y la participación de 800 colaboradores en cursos de capacitación. Actualmente trabaja con 90 empresas, de las cuales un 60% ya cumple con la cuota del 1%.
Medidas alternativas: foco en empleo directo vía servicios
Aunque la ley contempla alternativas como donaciones a fundaciones con proyectos aprobados, Miradas Compartidas está promoviendo una vía de cumplimiento que —según plantean— genera un efecto más directo en empleo: la subcontratación de servicios.
“Estamos promoviendo que las empresas opten por la subcontratación de servicios como nuestro taller gastronómico, las pausas activas o el podcast, donde trabajan 40 personas con discapacidad. Esto permite que la inclusión sea efectiva y que las empresas obtengan un retorno que la donación no entrega”, explicó Salinas.
Un desafío pendiente
El avance del cumplimiento reportado en 2026 marca una mejora respecto del año anterior, pero el dato central sigue tensionando el debate: más de la mitad de las empresas obligadas aún no acredita cumplir la cuota.
Para las organizaciones especializadas, el paso siguiente es claro: fortalecer la gestión interna, ajustar procesos de reclutamiento y acompañamiento, y convertir el cumplimiento legal en una política de diversidad e inclusión sostenible y medible en el tiempo.
Fuente: Reporte Minero