La inversión para el próximo año supera los US$7.700 millones. De estos proyectos, US$ 4.036 millones vendrían de la minería estatal y US$ 3.684 millones de la privada. Sin embargo, la demora en los permisos continuará determinando el futuro de la industria.
Se estima que el sector minero chileno concretará inversiones por más de US$ 7.700 millones en 2025, con la posibilidad de que esta cifra supere los US$ 10.000 millones si se consideran todos los proyectos, según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Sin embargo, la obtención de permisos sigue siendo el mayor obstáculo para su materialización.
Según la institución estatal, de los US$ 7.700 millones, más de US$ 6.248 millones provendrán de proyectos de cobre ya en ejecución, con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada. Otros US$ 1.472 millones están en fase de factibilidad, mientras que US$ 2.210 millones están en distintas fases de tramitación ambiental, con posibles retrasos debido a la permisología. Estos proyectos incluyen grandes iniciativas provenientes de empresas como Codelco, Antofagasta Minerals y Collahuasi.
Retrasos a causa de la permisología
Aunque la mayoría de los proyectos están listos para avanzar, Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), advierte que los retrasos pueden ocurrir debido a la falta de permisos o a la escasez de capacidad en las constructoras y empresas de montaje. Por su parte, Germán Millán, de PwC Chile, comparte este punto de vista, señalando que los desafíos sociales y regulatorios, como las exigencias ambientales y los largos tiempos de tramitación, son los principales obstáculos para los inversionistas.
Un proyecto de alta complejidad, por ejemplo, puede tardar hasta 108 meses en obtener todos los permisos necesarios, lo que involucra a 71 entidades y más de 300 permisos.
La permisología, junto con factores globales y de ejecución, sigue siendo el principal escollo para que los proyectos mineros se concreten a tiempo. En este escenario, los expertos y ejecutivos del sector coinciden en que es urgente mejorar la eficiencia de los procesos y crear mecanismos de estabilidad jurídica para atraer más inversiones para el 2025.