La reciente ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026 vuelve a evidenciar las limitaciones de un proceso que, lejos de cumplir su objetivo original, se ha prolongado sin resultados concretos en materia de formalización. Así lo advirtió Gustavo De Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en una columna publicada en el diario La República.
Reinfo: un mecanismo temporal que se volvió permanente
De Vinatea recordó que el Reinfo fue concebido como un mecanismo estrictamente temporal, orientado a facilitar la transición de la minería informal hacia la legalidad. Sin embargo, las sucesivas extensiones han terminado desvirtuando su propósito inicial.
“El proceso de formalización minera no está dando resultados”, señaló, al advertir que “a fuerza de prórrogas, se ha convertido en un sistema que normaliza la informalidad y debilita la institucionalidad”.
Para el IIMP, esta dinámica genera un escenario de incertidumbre y falta de incentivos para quienes sí cumplen con la ley y apuestan por la formalidad.
Formalización minera: necesidad de reglas claras y autoridad del Estado
El gerente general del IIMP enfatizó que la formalización minera no puede sostenerse únicamente sobre ampliaciones del Reinfo, sino que requiere una base institucional más sólida.
“La formalización minera requiere reglas claras, procedimientos verificables y plazos definidos. También exige recuperar el principio de autoridad del Estado y asegurar que las normas se cumplan”, enfatizó.
En este contexto, advirtió que la falta de exigencia y de control efectivo termina afectando a los actores que operan dentro del marco legal:
“Sin ello, se termina desincentivando al minero formal y premiando a quienes no demuestran voluntad real de cumplir con la ley”, subrayó.
De Vinatea planteó que el esfuerzo del Estado debe reorientarse hacia la protección del minero formal y el fortalecimiento de condiciones para su desarrollo:
“El esfuerzo del Estado debe enfocarse en proteger al formal y brindarle herramientas reales para desarrollarse de manera sostenible”, indicó.
Ley MAPE: una salida estructural para la pequeña minería
Como respuesta estructural, el IIMP insiste en la urgencia de contar con una Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley MAPE), que supere el esquema transitorio del Reinfo y siente bases claras para el sector.
“El Congreso debe priorizar ahora el debate para una Ley MAPE, que promueva a la pequeña minería con criterios técnicos y de sostenibilidad, propiciando en ella el trabajo decente y el cuidado de un entorno saludable”, puntualizó De Vinatea.
El ejecutivo remarcó que una normativa específica para la MAPE permitiría:
- Definir estándares técnicos y ambientales claros
- Promover el trabajo formal y la seguridad ocupacional
- Reducir impactos negativos en las comunidades y el entorno
- Asegurar mecanismos de fiscalización viables y sostenibles
Llamado a una política pública técnica y libre de intereses particulares
Finalmente, De Vinatea hizo un llamado al Poder Legislativo para que el tratamiento de la formalización minera y de la MAPE se mantenga dentro de un enfoque estrictamente técnico.
“Es indispensable que desde el Legislativo se garantice la neutralidad y visión técnica en torno a estos temas”, advirtió, recordando que “la política pública no puede responder a intereses particulares ni a cálculos de corto plazo”.
Para el IIMP, el debate sobre la formalización minera y la pequeña minería debe apostar por soluciones de largo plazo que fortalezcan la institucionalidad, afiancen la presencia del Estado en territorio y promuevan una minería responsable, sostenible y alineada con los estándares modernos de gobernanza.
Fuente: Reporte Minero