El presidente de Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides, planteó la necesidad de establecer un sistema nacional de trazabilidad del oro que permita certificar el origen del metal desde su extracción hasta su comercialización, con el fin de evitar que las plantas procesadoras se conviertan en un eslabón débil en la lucha contra la minería ilegal.
La propuesta surge en medio del debate sobre el proyecto de ley que busca ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 2026, medida que, según el empresario, podría debilitar los esfuerzos de control y fiscalización de la producción aurífera en el país.
El oro domina la actividad minera formal en Perú
De acuerdo con cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la mayor parte de la minería formal en Perú está vinculada a la producción aurífera.
A agosto de 2025, de un total de 514 titulares mineros con operaciones reportadas, 273 empresas se dedican al oro, una cifra significativamente superior a las 56 compañías de cobre y a las de otros metales como zinc, plata, plomo, hierro y molibdeno.
El contexto se ve potenciado por la cotización internacional del oro, que superó los US$4,000 por onza, un nivel que los analistas habían previsto recién para fines de este año.
El riesgo del Reinfo y las plantas de procesamiento
Para Benavides, el fortalecimiento de la trazabilidad en las plantas procesadoras es crucial, ya que el vacío normativo actual y la extensión del Reinfo podrían facilitar que parte del oro ilegal ingrese al circuito formal.
“En el mundo ya no se compra oro sin trazabilidad. A las empresas formales nos exigen todo tipo de certificaciones, mientras los informales pasan desapercibidos”, señaló el ejecutivo en declaraciones al diario Gestión.
El empresario advirtió que las plantas de beneficio podrían convertirse en canales de legalización de mineral de origen ilícito, debilitando los mecanismos de control. Si el Congreso aprueba la ampliación del Reinfo, se mantendría operativo un sistema que ha permitido la coexistencia de actores sin supervisión efectiva.
Impacto potencial de la ampliación del Reinfo
La propuesta legislativa también podría revertir la exclusión de más de 50,000 mineros que no cumplieron con los requisitos para formalizarse. Esta medida abriría nuevamente la puerta a las casi 6,000 plantas de beneficio que operaban con bajo nivel de fiscalización, sin verificar la procedencia formal del oro acopiado.
Expertos advierten que, de aprobarse la prórroga, se consolidaría un escenario de mayor vulnerabilidad institucional, complicando los esfuerzos del Estado por combatir la minería ilegal y garantizar la transparencia en la cadena de suministro del oro peruano.
Fuente: Reporte Minero