El Ministerio de Energía y Minas del Perú (MINEM) informó este viernes que no aplicará sanciones ni revocatorias a personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por no haber solicitado la autorización para la adquisición y uso de explosivos. La aclaración fue emitida en el marco de la cuarta sesión de la Mesa Técnica de Formalización Minera, celebrada en el contexto del Reglamento de la Ley N° 32213.
Transferencia documental pendiente entre regiones y gobierno central
La Dirección General de Formalización Minera del MINEM comunicó que el proceso de transferencia del acervo documentario del Proceso de Formalización Minera Integral aún no ha sido completado entre el gobierno central y las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM). Este traspaso es indispensable para que comience a regir el cómputo del plazo de 90 días calendario que tienen los mineros formalizados para gestionar la autorización ante la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC).
Según el comunicado oficial, el cómputo del plazo legal se iniciará individualmente para cada región cuando se concluya la transferencia documental respectiva. A la fecha del anuncio, ninguna DREM ha finalizado dicho proceso, lo que significa que el plazo aún no ha comenzado a correr para ningún minero inscrito en el REINFO.
No se aplicarán sanciones durante este periodo
El MINEM subrayó que no se aplicará la revocatoria de la inscripción en el REINFO por la sola razón de no haber iniciado el trámite ante SUCAMEC. No obstante, el ministerio recordó que la fiscalización sobre el uso indebido o la adquisición no autorizada de explosivos continúa siendo competencia de SUCAMEC, la cual mantiene intacta su facultad sancionadora.
Este lineamiento se enmarca en la aplicación del Decreto Supremo N° 009-2025-EM, que aprueba el reglamento de la Ley N° 32213, legislación que regula el proceso de formalización minera en el Perú. El enfoque del gobierno apunta a garantizar una implementación ordenada y respetuosa de los derechos de los mineros formalizados, en coordinación con las entidades regionales.
Fuente: Reporte Minero