La provincia de Salta, en Argentina, está avanzando en una estrategia para consolidar su desarrollo minero, con foco en la exploración minera como política pública y en la aceleración de los procesos de aprobación ambiental, en un contexto de creciente competencia global por minerales críticos.
En sus primeros cien días de gestión, la autoridad minera provincial emitió 31 Declaraciones de Impacto Ambiental, reflejando un énfasis en la agilización de permisos mineros en Argentina como herramienta clave para atraer inversión y reducir la incertidumbre en etapas tempranas de los proyectos.
Salta concentra 35 proyectos de litio en distintas etapas
El desarrollo del litio en Salta se posiciona como eje central de la estrategia, con una cartera de 35 proyectos en diferentes fases: producción, construcción, evaluación, piloto y exploración. Este volumen consolida a la provincia dentro del mapa del llamado “triángulo del litio” en Sudamérica.
Exploración minera: solo 1% del territorio ha sido estudiado
Uno de los factores estructurales que define la política minera provincial es el bajo nivel de conocimiento geológico. Actualmente, solo cerca del 1% del territorio de la Puna ha sido explorado, lo que refuerza el enfoque en expandir el pipeline de proyectos mediante actividades de exploración.
RIGI y proyectos estratégicos superan los US$7.500 millones
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aparece como un instrumento clave para el desarrollo del sector. Actualmente, seis proyectos mineros —principalmente de litio— se encuentran bajo este esquema, con inversiones que superan los US$7.500 millones, incluyendo iniciativas de compañías internacionales.
Además del litio, la provincia mantiene actividad en proyectos de oro, plata y cobre en distintas etapas, junto con una sólida base en minerales industriales. Destaca el crecimiento de las exportaciones de boratos, que aumentaron más de 35% en 2025, consolidando este segmento dentro de la matriz minera local.
El desarrollo del sector enfrenta desafíos relevantes en infraestructura minera, formación de capital humano y licencia social, incluyendo la necesidad de fortalecer la consulta a comunidades, expandir capacidades logísticas y alinear la formación técnica con la demanda de la industria.
Fuente Reporte Minero