Durante la votación en particular del proyecto de ley que amplía el subsidio eléctrico, la Comisión de Minería y Energía del Senado aprobó una disposición clave: las compensaciones económicas por interrupciones de suministro deberán ser asumidas exclusivamente por las empresas distribuidoras y no podrán ser traspasadas a la tarifa que pagan los clientes.
Se consolida el principio de responsabilidad empresarial
Esta indicación, aprobada con amplio respaldo, busca cerrar una brecha que ha generado controversias en años anteriores, cuando las distribuidoras incluían en sus costos de explotación los montos por compensaciones, diluyéndolos en las tarifas reguladas. La nueva norma establece que las sanciones por fallas deben ser cubiertas por las empresas, no por los usuarios.
El ministro de Energía, Diego Pardow, respaldó la norma e indicó que “este principio corrige una injusticia estructural del sistema”, reforzando el derecho de los usuarios a un suministro continuo y confiable. Asimismo, destacó que se trata de una de las demandas ciudadanas más reiteradas durante las últimas crisis eléctricas.
SEC tendrá rol fiscalizador sobre cumplimiento tarifario
Con esta aprobación, se refuerza el rol de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que deberá velar porque estos costos no sean incluidos en los futuros estudios tarifarios ni justificados como parte de la estructura de precios. La norma se aplicará con efecto normativo desde el nuevo ciclo tarifario.
La norma también busca generar un incentivo directo a la prevención, ya que al no poder traspasar el costo de sus errores, las empresas tendrán mayor presión para mejorar sus planes de mantenimiento, respuesta y gestión del riesgo ante eventos climáticos u operacionales.
Esta aprobación se enmarca en el despacho del proyecto de subsidio eléctrico desde la comisión técnica, y su próxima revisión en la Comisión de Hacienda, donde se evaluarán los impactos financieros y regulatorios de todas las disposiciones votadas. El Ejecutivo espera que la nueva ley entre en vigor durante el segundo semestre de 2025.
Fuente: Reporte Minero