Recientemente la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) publicó el catastro “Inversión en la Minería Chilena: Cartera de proyectos 2024 -2033”. Con 51 iniciativas valorizadas en US$83.181 millones de dólares, el monto es 26,6% superior respecto del reporte anterior (US$65.712 millones), y constituye la cifra más alta de los últimos diez años. Y un detalle a considerar, aún no se han sumado las recientes inversiones anunciadas por BHP, en torno a US$14.000 millones.
En cuanto a la participación regional, estas inversiones se concentran en la zona norte del país. Específicamente, Antofagasta representa un 38% con una inversión de US$31.318 millones. En tanto, Atacama es un 17% del total, Coquimbo un 8% y Tarapacá un 5%.
Esta alza es una buena noticia para el país y su desarrollo económico. Pero mejor noticia será cuando estas inversiones puedan efectivamente concretarse.
En este contexto, hay una serie de dudas que aún no se despejan con respecto a las inversiones, y ello tiene que ver con las innumerables dificultades que persisten en las aprobaciones de los proyectos. Sí, hablamos del mal utilizado término: permisología.
Sabemos que el grueso de estas inversiones está focalizado en estas cuatro regiones. Pero, ¿qué se ha dicho, a la fecha, con respecto a la necesidad de financiamiento para contar con más funcionarios en las regiones en donde se va a ejecutar esa inversión, particularmente para servicios como el SEA, la DGA y Sernageomin?
Esto servicios son claves a la hora de localmente gestionar las aprobaciones de los proyectos. Nada sacaremos en limpio, si a la brevedad no se toman las medidas para agilizar que funcionen adecuadamente para enfrentar las inversiones que se han informado.
En paralelo, sí hay otras medidas relacionadas con la obtención de permisos que se están discutiendo en el Congreso, con resultados inciertos aún.
Una de ellas es la reforma a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), actualmente en la Cámara de Diputados. Sobre este proyecto de ley se ha alertado sobre los problemas que traería al dar más atribuciones a un solo estamento, aumentando la discrecionalidad y burocracia de los procesos sancionatorios.
Si bien este proyecto tiene como objetivo “maximizar el cumplimiento ambiental”, al final del día le entrega mayor potestad cautelar a la SMA, lo que repercute en que este estamento puede suspender una autorización ambiental, no solo las RCA, sin una clara tipicidad infraccional.
Sumado a esto, al eliminar la autorización existente por parte del Tribunal Ambiental respecto del establecimiento de medidas provisionales de paralización o suspensión de proyectos, aumenta la discrecionalidad.
Y en tercer lugar, el aumentar las potestades de este estamento sin un plan de aumento de dotación funcionaria técnica pasa a ser un despropósito si se busca como objetivo final acelerar los procesos de evaluación.
¿Resultan excesivas las potestades que se permitirían a la SMA? Por supuesto, lo que más se necesita en un proceso de evaluación ambiental es que sea claro y que permita evitar la discrecionalidad, cosa que con este proyecto no estaría sucediendo.
Finalmente, debemos recordar que en favor de agilizar la tramitación de permisos se presentaron tres proyectos de forma separada: modificación a la ley de bases generales del medio ambiente, a la ley de la Superintendencia del Medio Ambiente y lo relativo a permisos, siendo que debieron ser analizados en forma conjunta. Hoy vemos que están siendo analizados en distintos tiempos y con distintas autoridades y eso genera dudas, especialmente a la hora de tener certezas para concretar las grandes inversiones, como las mineras.
Por Cristián Cifuentes, analista senior del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) y socio de LanPolita Consultores.