Recientemente como Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, conjuntamente con la Universidad de Atacama y la Asociación Regional de Municipios de Atacama, organizamos el encuentro “¿Cómo sumar valor agregado a la minería en Chile?”.
¿Por qué este encuentro? En los dos últimos años se han cerrado dos fundiciones en Chile, Ventanas en la Región de Valparaíso y Hernán Videla Lira en la Región de Atacama, con 63 y 72 años de operación respectivamente, ambas con costos elevados y emisiones fuera de los estándares internacionales actuales. Esta situación ha generado gran inquietud, no tan solo en la comunidad, sino en autoridades de gobierno, parlamentarios, sector minero y academia. En definitiva, enfrentamos un menor dinamismo y actividad en nuestras regiones mineras.
Lo que Chile necesita son nuevas inversiones: modernas, sustentables, con tecnologías innovadoras y capaces de generar encadenamientos productivos que impulsen el desarrollo regional. Esta fue una de las razones que nos motivó a realizar el encuentro en Atacama.
Sin embargo, lo que el país requiere es más y mejor minería. Según Cochilco, en 2023 Chile produjo 5,25 millones de toneladas de cobre, lo que representó una caída del 1,4% respecto del año anterior. Desde 2004, la producción ha oscilado entre 5,2 y 5,9 millones de toneladas, lo que evidencia un estancamiento frente a la creciente demanda mundial de este mineral. El envejecimiento de las minas y la disminución en la ley del mineral son factores importantes, pero también lo es la falta de proyectos greenfield, es decir, nuevos desarrollos distintos de las ampliaciones de operaciones existentes. La incertidumbre jurídica ha reducido las posibilidades de ver grandes o medianos proyectos ejecutándose en Chile.
A inicios de este año, el Ejecutivo anunció con gran expectación una serie de reformas a la “permisología”. El objetivo es mejorar la eficiencia burocrática en la aprobación de proyectos de inversión, prometiendo una reducción del 30% en los tiempos de tramitación. Esto ofrecería mayor certeza jurídica y mejores expectativas para nuevos proyectos.
Este esfuerzo no debe ser visto como una relajación de los estándares ambientales, sino como una mejora en la integración entre organismos, mayor dotación de personal y más capacitación para los profesionales y técnicos a cargo de estos procesos.
A pesar de estos avances, recientemente nos sorprendió saber que cerca de 200 organizaciones no gubernamentales (ONG) firmaron una petición para que se retire la urgencia a la tramitación del proyecto de permisología ambiental. Argumentan que contiene deficiencias y que “en lugar de proteger el medio ambiente, parece hecho a medida para los inversionistas”.
Este tipo de enfoque, una especie de “propuesta para el estancamiento”, debe preocuparnos. La reforma del Ejecutivo no busca reducir los estándares ambientales, sino hacer más eficientes los procesos sin sacrificar la calidad. Si no se resuelve este tema, será difícil fomentar la inversión, ya sea estatal, privada, nacional o internacional.
La minería en Chile genera valor, encadenamientos productivos, empleos formales y capital para las regiones. ¿Cuántas de estas oportunidades estamos perdiendo hoy y, cuántas más podríamos perder si no avanzamos con las reformas necesarias?
Con seguridad, la constante solo será el estancamiento.
Por Jorge Pedrals, presidente Comisión de Política Minera
del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile