En un mundo en transformación y donde los países compiten por atraer inversiones, Chile enfrenta un desafío clave: ¿cómo equilibramos el desarrollo económico con la protección de nuestro patrimonio cultural? No es sencillo, sobre todo en regiones como la nuestra, donde coexisten una riqueza cultural invaluable y un gran potencial productivo. Lograr ese equilibrio es fundamental para construir un futuro sostenible y con identidad.
Esta necesidad es más evidente ante el anuncio de aranceles al cobre por parte de USA. Esta semana, como AIA, participamos en una reunión junto a empresas mineras, gremios y autoridades para analizar sus implicancias. En un escenario global de nuevas tensiones y crecientes exigencias regulatorias, contar con reglas claras y estables es más importante que nunca.
Esta certeza jurídica es la que hoy se requiere en la discusión del Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural, actualmente en el Senado. Si bien compartimos el objetivo de modernizar y agilizar la institucionalidad, se deben revisar aspectos que podrían tener efectos negativos en proyectos claves para la región y el país.
Nos preocupa la incorporación de conceptos como “paisajes culturales” sin definiciones ni mecanismos claros. Esto se presta a interpretaciones poco objetivas, especialmente en territorios con alto valor económico. También vemos con inquietud la falta de claridad en los protocolos de participación indígena, que podrían derivar en consultas incluso para obras menores, generando incertidumbre e ineficiencias.
Es clave, además, establecer criterios técnicos claros para definir los “sitios de significación cultural”, en particular cuando estos afectan territorios y/o zonas productivas. De lo contrario, se compromete la viabilidad de iniciativas cruciales para el desarrollo regional. Otro punto crítico es la escasa articulación de este proyecto de ley y el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que podría generar duplicidades o vacíos legales, justo cuando avanzamos hacia un sistema más eficiente con la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.
Como señaló la subsecretaria de Patrimonio, Carolina Pérez Dattari, el propósito de esta ley es “conciliar la protección del patrimonio con los desafíos del desarrollo”, integrando la participación ciudadana y estableciendo un sistema que abogue por ambos ejes. Creemos firmemente que no se trata de elegir entre cultura o crecimiento, sino de avanzar con cimientos sólidos y una mirada de país compartida.
Chile necesita una regulación que entregue certezas, proteja nuestra identidad y permita avanzar hacia el desarrollo de manera sostenible. Nuestro desafío es ese equilibrio que honre nuestro pasado sin cerrarnos las puertas del futuro.
Autor(es):
Marko Razmilic Presidente Asociación de Industriales de Antofagasta
