Por Daniel Weinstein, abogado especialista en minería, socio de Urzúa Abogados
En enero el Gobierno presentó dos proyectos de ley para modernizar el SEIA y mejorar el otorgamiento de permisos sectoriales. Según se anunció, estos proyectos forman parte del “Pacto por el Crecimiento, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal”, con el fin de agilizar la inversión y el crecimiento económico, manteniendo altos estándares medioambientales y sociales.
Desde la actividad minera se apoyaron estas iniciativas, ante la urgencia de reactivar al sector y de contar con políticas claras para el inversionista. Un dato: desde el punto de vista productivo, la temporada previa experimentamos el peor año en dos décadas, ya que en 2023 se produjeron 5,25 millones de toneladas métricas de cobre, una baja del 1,4% con respecto al año anterior, y bajo las cifras de producción que hemos visto en el país desde 2004. Estos resultados están lejos de aprovechar la creciente necesidad de cobre y litio que requiere el mundo para avanzar en descarbonización: el mundo hoy nos ofrece oportunidades, pero ¿las estamos aprovechando?
Mejorar las certezas para atraer nuevas inversiones tiene especial relevancia para aumentar la producción del “sueldo de Chile”. Por ello, es fundamental que las reformas a la “permisología” conduzcan por caminos más eficientes y rápidos para aprobar nuevos proyectos mineros. Lo anterior, sin disminuir los requerimientos que hoy como sociedad les exigimos a las empresas, tal como lo expresó el Gobierno. Avanzar en esta iniciativa es mirar con sentido de futuro el desarrollo y crecimiento sostenible del país.
En este contexto, la reducción en los plazos, la convergencia en el trabajo de los servicios y la reforma al SEIA son temas de interés y relevantes. No obstante, todavía queda mucho por discutir y consensuar para avanzar. Por ejemplo, la eliminación del Comité de Ministros en la evaluación ambiental por instancias de carácter más técnico y menos politizadas.
Contar con una institucionalidad ambiental robusta, modernizar el SEIA y configurar un sistema de permisos sectoriales que otorgue certeza jurídica, simplifique los procedimientos de tramitación de proyectos y reduzca sus tiempos, pasó de generar expectativa y apoyos transversales a desdibujarse, perdiendo fuerza y entusiasmo.
Más grave aún: esta semana hemos conocido la declaración de 200 organizaciones no gubernamentales que han pedido quitarle urgencia al proyecto que reforma a Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (la cual actualmente se encuentra en primer trámite constitucional), argumentando que la iniciativa, impulsada por el propio Presidente Boric, sería un traje a la medida para los inversionistas y que desfavorece la protección ambiental. Muy por el contrario, esta iniciativa solo busca simplificar los procesos, reduciendo los tiempos de tramitación y entregando más certezas a los inversionistas, sin alterar los estándares técnicos y protegiendo la seguridad de las personas, la salud y el medio ambiente.
Después de años de pandemia, inflación y desempleo, reactivar las inversiones resulta una obligación para nuestro país y sus autoridades. Por ello, cuesta entender el fondo de la declaración de estas organizaciones, pidiendo quitar la urgencia a una materia que es de por sí urgente. Y, además, teniendo en cuenta que en todos los escenarios se ha insistido en que la reforma a la “permisología” debe realizarse sí o sí manteniendo los más altos estándares ambientales.
Las ineficiencias que se han planteado son insostenibles para una industria como la minera, que requiere agilidad y certeza en los procesos para poder planificar y ejecutar inversiones millonarias con un impacto económico y social significativo a largo plazo.
No podemos esperar a que una operación minera recién produzca su primera tonelada de cobre en 15 o 20 años más. Ello afecta a nuestro desarrollo y, por cierto, además, imposibilita que Chile provea los minerales que el mundo necesita y que son fundamentales para luchar contra el cambio climático, apalancando así el crecimiento de las energías renovables y la descarbonización.