Permisos: el desarrollo de Chile en juego
La reciente suspensión del proyecto Central de Bombeo Paposo, donde Colbún desarrollaría un proyecto de energía renovable por US$1.400 millones y 800 MW, ha levantado polémica a nivel nacional.
La iniciativa tuvo un tortuoso proceso de tramitación ambiental: primero al recibir una resolución de término anticipado a mediados de agosto por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Antofagasta y, luego, al ser rechazado su recurso de reposición ante la misma autoridad administrativa, un mes más tarde.
En sus descargos, Colbún planteó que el Estudio de Impacto Ambiental “sí contiene la información relevante y esencial para una adecuada ponderación de sus impactos ambientales”, para luego anunciar la suspensión del proyecto.
Tras esto, el director regional del SEA de Antofagasta, Ramón Guajardo fue removido de su cargo, mientras el Ministro Mario Marcel reconoció que el mecanismo es “un poco rígido y que hay funcionarios que a veces se les pasa un poco la mano”
Toda esta controversia nos enrostra los graves problemas que el país tiene en la aprobación de permisos ambientales y hace aún más patente la necesidad de avanzar con urgencia en la tramitación de la denominada permisología, que hoy se discuten en el Congreso.
Ahora bien, más allá de este proceso legislativo, existen medidas concretas que pueden tomarse hoy y que permitirían aligerar de forma importante las tramitaciones de permisos.
Primero, la incorporación de nuevos profesionales a los servicios públicos que destraben el procesos de permisos. Las compañías han ofrecido ayuda en ese sentido, no solamente comprometiéndose a preparar mejores permisos, si no también incorporando profesionales externos, bien calificados y que permitan mejorar la eficiencia de estos procesos.
Otra medida inmediata, que depende del Ejecutivo, es permitir la obtención de permisos de manera paralela, sin esperar que se otorgue uno para tramitar el siguiente. Esto agilizaría la tramitación sectorial y la evaluación ambiental, eliminando la secuencialidad instaurada por malas prácticas.
Pero lo que realmente podría transformar completamente el sistema de gestión en la administración pública, es la introducción de dos herramientas clave.
La figura del silencio positivo en los procesos de permisos. Es decir, si la autoridad no respeta los plazos legales en la emisión de permisos, como ocurre en concesiones marítimas que exceden seis veces el plazo establecido, el permiso se considere automáticamente otorgado.
Finalmente será necesario discutir sobre incentivos al buen desempeño de reparticiones públicas, específicas en relación con el cumplimiento de plazos legales para la revisión y otorgamiento de permisos, premiando a los funcionarios y oficinas más eficientes.
Cambios como estos, que no requieren modificaciones legales de relevancia, permitirían más inversiones y desarrollo, beneficiando así a millones de chilenos.
Por Cristóbal Correa, abogado