Greenpeace Chile presentó una querella criminal admitida el 19 de mayo de 2026 contra todos quienes resulten responsables de cohecho agravado y revelación de secretos en la tramitación del proyecto minero portuario Dominga, de la empresa Andes Iron.
La acción judicial surge tras un reportaje que reveló que Andes Iron realizó pagos por más de 255 millones de pesos al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber, pese a contar con otra representación legal. El movimiento genera inquietud porque dos socios del estudio —Eduardo Lagos y Mario Vargas— actualmente se encuentran imputados y en prisión preventiva por su rol en el caso conocido como «Muñeca Bielorrusa», relacionado con supuestos sobornos a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.
Interrogantes sobre el rol real de los abogados imputados
Mauricio Daza, abogado penalista que representa a Greenpeace, enfatizó la necesidad de esclarecer para qué fueron contratados los abogados imputados: «Aunque la glosa de estos pagos asegura que los servicios contratados habrían sido ‘asesoría jurídica y técnica vinculada al proceso de calificación ambiental’ del proyecto, hay abundante evidencia respecto de que esto no sería así».
Daza agregó que «es fundamental que se aclare si existió alguna actuación ilícita en el contexto de la tramitación judicial del proyecto Dominga», considerando que los abogados imputados «habrían pagado coimas a Vivanco, a fin que actuara en favor de uno de sus clientes».
El jurista también señaló vínculos adicionales bajo investigación: el actual ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus y su cónyuge María Cecilia Ramírez habrían mantenido relaciones con el estudio Lagos, Vargas y Silber. Matus ha votado al menos dos veces a favor de Dominga, siendo incluso redactor de uno de esos fallos.
Proyecto rechazado reiteradamente busca aprobación en tribunales
Matías Asun, director de Greenpeace Chile, destacó que Dominga ha sido rechazado en tres oportunidades por la institucionalidad competente, lo que refuerza la urgencia de investigar posibles sobornos judiciales.
Asun recordó que durante la larga tramitación del proyecto —iniciada en 2013— sus titulares se han visto envueltos en reiteradas acusaciones de corrupción. El exfiscal Guerra, quien sobreseyó en 2017 otra investigación de corrupción vinculada a Dominga, actualmente se encuentra privado de libertad e investigado por coordinar el cierre de causas de alto perfil a cambio de favores.
«Esta acción judicial busca esclarecer la verdad en esta materia y restituir la confianza en las instituciones públicas, el Poder Judicial y la institucionalidad ambiental», expresó Asun, quien subrayó que este tipo de hechos afecta profundamente al Estado en su conjunto.
Llamado a fortalecer probidad institucional
El director de Greenpeace enfatizó que la ciudadanía exige instituciones íntegras y transparentes. «Es fundamental resguardar la probidad y asegurar que los poderes del Estado actúen con plena autonomía e independencia», puntualizó, destacando la necesidad de garantizar el funcionamiento adecuado de la democracia y fortalecer la confianza pública.
Fuente Reporte Minero