La académica de Derecho en Minería analizó el paquete de reformas a la permisología que fueron planteadas por el Gobierno en enero. “Solo mirar cómo resolver lo referente a reducción de tiempos para permisos ambientales, es una solución parche si no se observa cual es el statu quo de las materias sobre las cuales debe pronunciarse”, señaló.
La revisión del sistema de obtención de permisos para proyectos en Chile ha sido uno de los principales temas del año 2024 para el sector minero. Entre los objetivos principales está reducir la burocracia y tiempos de espera para la aprobación de proyectos, sobre todo en lo que respecta la obtención de permisos ambientales que se requieren para operar. Lo anterior, sin reducir los estándares medioambientales que tiene actualmente nuestro país.
Uno de los aspectos que implica una relevante cantidad de permisos tiene que ver con las autorizaciones para uso de aguas. De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional Asesora de Evaluación y Productividad (CNEP), se observa que la mayor cantidad de solicitudes de permisos prioritarios corresponde a autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Salud (MINSAL) con 109.881, seguido por la Dirección General de Aguas (DGA) con 3.522 y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) con 2.781.
La abogada y docente de Derecho de Minería de la PUC, María Luisa Baltra evaluó la situación actual de los permisos de aguas. Con respecto a la organización de la Dirección General de Aguas (DGA) “más que establecer mesas de trabajo, su rol es necesario hacer un análisis mayor. Ya en 2010, el Banco Mundial hizo un diagnóstico de la situación de los recursos hídricos a pedido de la propia Dirección General de Aguas, en donde, dentro de las falencias se observan problemas de institucionalidad, problemas que, a la fecha, no han sido resueltos”, explicó Baltra.
La experta agregó que, por el contrario, “la Dirección General de Aguas cada vez tiene más atribuciones, pero con presupuesto, infraestructura y personal limitado, lo que impide que se puedan cumplir todos los objetivos perseguidos, aun cuando tenga la intención de cumplir con todas sus tareas. Solo mirar cómo resolver lo referente a reducción de tiempos para permisos ambientales, es solo una solución parche si no se observa cual es el statu quo de las materias sobre las cuales debe pronunciarse”, acotó.
En ese sentido, la experta analizó que “la reducción de plazos es factible en la medida en que la institucionalidad ambiental funcione a cabalidad. Hay que considerar que en muchos casos más que un análisis ambiental técnico, se efectúa un análisis político, lo que también significa trabas al sistema”.
Según la abogada experta en Minería, la existencia del Comité de Ministros también influye en el retraso de aprobación o no de proyectos, de acuerdo con los intereses que tenga el Gobierno de turno. “Muchas veces las aprobaciones o negaciones dicen relación con el pulso que en la ciudadanía provocan los proyectos y no en un análisis concreto de factibilidad y beneficios que pueden considerar”, puntualizó.
Desaladoras
En una reciente entrevista, el presidente de la Asociación Chilena de Desalinización A.G (Acades), Carlos Foxley mencionó que la tramitación de permisos para proyectos de desalación puede tardar hasta 10 años, siendo entre 4 y 6 años el promedio para obtener los permisos de construcción de una desaladora de agua de mar.
Con respecto a las propuestas de la actual reforma, Baltra consideró que posiblemente exista un mayor atractivo a la inversión en el caso de cumplirse las promesas de reducción de tiempos de trámite. “El tema es que si se considera reducción de plazos hay que evaluar bien los efectos que en distintos ámbitos se pueden producir y pareciera que el análisis no se ha hecho en terreno, observando no solo la legislación vigente, sino que la realidad que opera en distintos lugares”, expuso.
La experta advirtió que el proyecto de permisología, modifica diversas normas del Código de Aguas, en las que no se ha analizado los efectos que pueden producir, toda vez que se reducen, por ejemplo, plazos para realizar trámites.
Con todo, la académica ve “plazos acotados, lo que genera un aumento considerable de situaciones que debe analizar y resolver contando con la misma dotación de personal, presupuesto y medios”, concluyó Baltra.