El gobierno de República Dominicana ordenó la suspensión de todas las actividades del proyecto Romero de GoldQuest Mining, luego de masivas protestas ciudadanas en la provincia de San Juan, en un nuevo caso que refleja la creciente presión social sobre proyectos mineros en la región.
Suspensión del proyecto: decisión política ante presión social
La medida fue instruida por el presidente Luis Abinader, quien señaló que la decisión responde a la necesidad de actuar con cautela frente a las preocupaciones de la ciudadanía.
El mandatario afirmó que “cuando los ciudadanos expresan inquietudes, nuestro deber es actuar con cautela y transparencia”, confirmando la paralización de las actividades vinculadas al proyecto en la zona oeste del país.
La iniciativa se encuentra actualmente en fase de evaluación ambiental, pese a contar con concesiones de exploración otorgadas desde 2005.
La decisión se produce tras una movilización masiva en la que miles de personas marcharon cerca de 20 kilómetros hasta la presa de Sabaneta, una infraestructura clave para el abastecimiento hídrico de la zona. Los manifestantes expresaron preocupación por el posible impacto del proyecto en recursos hídricos y actividades agrícolas, elementos críticos en una economía donde la minería compite con otros sectores productivos como el turismo y la agricultura.
Licencia social: factor determinante en minería
El caso evidencia el creciente peso de la licencia social para operar, un elemento que se ha vuelto decisivo en la viabilidad de proyectos mineros en América Latina. Organizaciones locales advirtieron que las protestas continuarán si no se garantiza la protección de las fuentes de agua, reflejando un escenario de alta sensibilidad social frente a la actividad extractiva.
Tras el anuncio, las acciones de GoldQuest registraron una fuerte caída superior al 19%, lo que llevó a la suspensión temporal de su cotización en el mercado canadiense. La compañía señaló previamente que reconoce las preocupaciones ciudadanas y mantiene su compromiso con el desarrollo transparente del proyecto, aunque no entregó una reacción inmediata tras la decisión del gobierno.
Tendencia regional: presión social sobre grandes proyectos
La paralización del proyecto Romero se enmarca en una tendencia más amplia en la región, donde la oposición social ha impactado directamente en el desarrollo de iniciativas mineras. Casos recientes como el cierre de la mina Cobre Panamá evidencian cómo la presión ciudadana puede redefinir la agenda minera y las decisiones de inversión.
En el país, la minería representa cerca del 2% del PIB, pero enfrenta tensiones con actividades como la agricultura y el turismo, especialmente en territorios sensibles desde el punto de vista ambiental. A pesar de este contexto, el gobierno ha manifestado interés en fortalecer el sector, incluyendo la creación de una empresa estatal para explorar y desarrollar recursos minerales estratégicos.
Fuente Reporte Minero