El gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Gustavo De Vinatea, cuestionó el proyecto aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso que busca reducir de 30 a 15 años el plazo de las concesiones mineras y eliminar su carácter irrevocable, advirtiendo que estas modificaciones carecen de sustento técnico y terminarían favoreciendo a la minería ilegal en detrimento de la inversión formal.
Durante una entrevista en RPP Noticias, De Vinatea explicó que la minería formal requiere estabilidad jurídica prolongada debido a que los proyectos demandan largos periodos de exploración, permisos y construcción antes de iniciar operaciones productivas. «El que gana con estos cambios es aquel que no tiene intención de invertir, el ilegal, que no paga tributos ni regalías y explota recursos sin cuidar el medio ambiente», sostuvo.
Ciclos más largos para proyectos mineros
Según explicó, la tendencia global muestra que los proyectos mineros toman cada vez más tiempo debido a mayores estándares ambientales, sociales y de seguridad. De Vinatea indicó que el promedio mundial para desarrollar una mina desde la exploración hasta la operación alcanza actualmente los 28 años, mientras que en el Perú llega hasta los 40 años.
«Los yacimientos de clase mundial ya no están a simple vista. Hoy se encuentran a mayor profundidad y con mayor dispersión, por lo que toma más tiempo encontrarlos», afirmó. En ese contexto, consideró contradictorio que el Congreso plantee reducir los plazos de concesión justo cuando el desarrollo de proyectos se vuelve más complejo y costoso.
El representante del IIMP advirtió además que los cambios podrían generar una mayor salida de capitales hacia países competidores como Argentina, Chile y Ecuador, que actualmente buscan atraer inversión minera con marcos más estables. «Argentina está captando una gran cantidad de capitales y proyectos que antes venían al Perú hoy quedan en stand-by», comentó.
La respuesta contra minería ilegal requiere formalización
De Vinatea sostuvo que la mejor forma de enfrentar el avance de la minería ilegal es promoviendo más minería formal en todos los niveles, desde gran minería hasta pequeña minería y minería artesanal formalizada. «Ninguna empresa formal, sea grande, mediana o pequeña, va a querer invertir si no tiene seguridad jurídica», remarcó.
En esa línea, afirmó que las principales víctimas de la minería ilegal son justamente los pequeños productores formales. De acuerdo con cifras citadas por De Vinatea, el 70% de las concesiones invadidas por minería ilegal pertenecen a pequeños mineros y mineros artesanales. «Estas medidas no favorecen a la pequeña minería, favorecen a la minería ilegal», indicó.
Asimismo, alertó sobre el impacto ambiental y sanitario de la minería ilegal en la Amazonía peruana, especialmente por la contaminación con mercurio en zonas de Loreto y Madre de Dios, subrayando que la propuesta legislativa agravaría estos problemas al desincentivar operaciones formales con estándares ambientales.
Fuente Reporte Minero