Venezuela intenta reactivar su golpeada economía atrayendo capital extranjero al sector minero, en una ofensiva que ha ganado impulso tras la aprobación de una nueva ley de minas por parte de la Asamblea Nacional. La norma permite la participación de empresas nacionales, extranjeras, públicas y privadas en el desarrollo de oro y otros minerales estratégicos, con concesiones de hasta 30 años prorrogables, en un intento por reposicionar al país como destino de inversión extractiva.
Sin embargo, el desafío va mucho más allá del marco regulatorio. En el estado Bolívar, donde se concentran importantes recursos auríferos y otros minerales, persisten fuertes dudas sobre la viabilidad real de nuevas inversiones debido a la presencia de grupos armados, redes criminales y una extensa economía minera informal e ilegal que se ha consolidado durante las últimas dos décadas. Reuters reportó que mineros, residentes y activistas locales describen un entorno donde bandas criminales imponen reglas, aplican castigos y mantienen control territorial sobre numerosas zonas de explotación.
La nueva ley minera fue aprobada el 9 de abril y forma parte de una estrategia más amplia para atraer inversiones luego de la flexibilización de restricciones desde Estados Unidos. Según Reuters y AP, el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha prometido seguridad jurídica, estabilidad y garantías para los inversionistas, mientras Washington ha respaldado públicamente la apertura del sector.
Ese nuevo escenario ya comenzó a mover piezas. Gold Reserve informó el mes pasado que recibió una licencia de 30 días de OFAC para negociar ciertos negocios con Venezuela, mientras Trafigura anunció en marzo un programa junto a la estatal Minerven para desarrollar abastecimiento responsable de oro bajo licencia estadounidense. Ambos movimientos muestran que el interés internacional existe, aunque por ahora sigue concentrado en acuerdos preliminares y en mecanismos de cumplimiento más que en una entrada masiva de capital productivo.
Aun así, en terreno predomina el escepticismo. Fuentes citadas por Reuters sostienen que cualquier inversión relevante requerirá mejoras sustantivas en seguridad, trazabilidad de la cadena de suministro y supervisión socioambiental. La preocupación no es menor: la región del Arco Minero del Orinoco ha sido vinculada reiteradamente a minería ilegal, extorsión, violencia armada y presión sobre comunidades locales e indígenas.
Las alertas sobre derechos humanos y gobernanza tampoco son nuevas. Un informe de la misión de determinación de hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022 expresó profunda preocupación por asesinatos, desapariciones, explotación laboral, trata de personas, trabajo infantil, vulneración de derechos indígenas y destrucción ambiental en la zona minera venezolana. A ello se suma un informe de la OCDE de 2021, citado por Reuters, que advirtió sobre el aumento sostenido de los flujos de oro desde Venezuela impulsados principalmente por minería informal e ilegal, junto con denuncias de colusión entre militares y grupos armados.
En paralelo, organizaciones civiles venezolanas han advertido que la nueva legislación podría otorgar una apariencia de legalidad a problemas estructurales no resueltos. Según Reuters, 16 ONG locales publicaron a fines de marzo una carta abierta en la que cuestionan el riesgo de profundizar la degradación ambiental y las violaciones de derechos humanos sin desmontar el control militar y criminal sobre parte de la actividad minera.
El trasfondo económico ayuda a explicar la urgencia del gobierno. Venezuela sigue buscando nuevas fuentes de ingresos fiscales y divisas tras años de crisis, sanciones, deterioro de su infraestructura petrolera y corrupción. En ese contexto, la minería aparece como una alternativa para generar empleo, regalías e impuestos. Pero entre la promesa legal y la realidad operativa persiste una brecha considerable, y para muchos observadores el verdadero desafío no será atraer inversionistas, sino garantizar que puedan operar en condiciones mínimas de seguridad, transparencia y legitimidad social.
Fuente Reporte Minero