La Agencia Nacional de Minería (ANM) de Colombia rechazó la solicitud de AngloGold Ashanti (JSE: ANG)(NYSE: AU)(ASX: AGG) para suspender las obligaciones contractuales vinculadas a su proyecto de cobre y oro Quebradona, valorizado en US$1.400 millones, profundizando la incertidumbre en torno a una de las iniciativas mineras más controvertidas del país.
Según la ANM, la compañía había presentado dos peticiones durante este año: una para ampliar la fase de exploración y otra para suspender sus obligaciones bajo el título minero. Ambas fueron denegadas por motivos legales. El organismo argumentó que no es posible mantener activa una fase de exploración y, simultáneamente, suspender las obligaciones contractuales, ya que ambas acciones resultan incompatibles.
La entidad también concluyó que AngloGold no logró demostrar la existencia de un caso de fuerza mayor que justificara la suspensión solicitada, debilitando así su argumento principal.
Un proyecto paralizado desde 2021
Ubicado en el Cauca Medio, departamento de Antioquia, a unos 60 kilómetros al suroeste de Medellín, el proyecto Quebradona permanece detenido desde 2021, cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) suspendió su licencia ambiental por deficiencias técnicas y riesgos ecológicos, especialmente por posibles afectaciones al ecosistema del municipio de Jericó.
Un año después, en 2022, la ANLA ratificó su decisión, solicitando a la empresa presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Desde entonces, AngloGold ha estado recopilando información hidrogeológica, hidrológica y geotécnica, con el objetivo de entregar una versión actualizada del EIA hacia 2027.
El plan original de Quebradona proyectaba una vida útil de 20 años, con una producción estimada de 1,4 millones de toneladas de cobre, 1,4 millones de onzas de oro y 21,6 millones de onzas de plata. No obstante, el creciente rechazo social y la presión ambientalista amenazan la viabilidad futura del proyecto.
Tensiones con comunidades locales
Las relaciones entre la empresa y las comunidades del área de influencia se han deteriorado notablemente en los últimos cinco años. En 2023, AngloGold interpuso demandas contra agricultores y activistas ambientales, acusándolos de secuestro, hurto y lesiones personales durante manifestaciones antimineras.
Según reportes citados por The Guardian, uno de los episodios incluyó la intervención de vecinos que detuvieron excavaciones no autorizadas y alertaron a las autoridades. En otro caso, unos 150 agricultores habrían retenido maquinaria de la empresa y la entregaron al gobierno local.
Estos conflictos reflejan la creciente tensión social que enfrentan los proyectos mineros en las zonas rurales de Colombia, donde la protección del agua, la tierra y el medio ambiente suele chocar con los intereses extractivos.
Incertidumbre para la ambición cuprífera de Colombia
Actualmente, Colombia cuenta con una sola operación de cobre a gran escala: la mina El Roble, operada por Atico Mining (TSX-V: ATY) en el departamento del Chocó. Aunque existen al menos ocho proyectos cupríferos en desarrollo, la incertidumbre regulatoria, la creación de zonas de protección agrícola y la posibilidad de nuevas reservas ambientales han ralentizado el avance del sector.
A nivel global, estudios recientes indican que alrededor de 6,4 millones de toneladas de producción cuprífera —más del 25% de la oferta minera mundial— se encuentran retrasadas o suspendidas por factores ambientales, sociales o de gobernanza (ESG).
En este contexto, la postura de la ANM frente a Quebradona refuerza el dilema central que enfrenta Colombia: equilibrar el desarrollo de sus recursos estratégicos con la protección ambiental y la estabilidad social. Un desafío que marcará el rumbo de su minería en los próximos años.
Fuente: Reporte Minero