La minería ilegal de oro sigue generando miles de millones de dólares en la Amazonía brasileña, pese a los esfuerzos del gobierno por frenar esta actividad, según un nuevo estudio de la organización ambientalista Greenpeace.
El informe sostiene que los mineros ilegales se han adaptado al aumento de la fiscalización mediante el uso de permisos mineros asociados a zonas donde no existe actividad extractiva visible. Estos documentos permitirían falsificar el origen del oro y facilitar su ingreso a las cadenas legales de comercialización.
El presidente Luiz Inacio Lula da Silva prometió al asumir en 2023 eliminar la minería ilegal de oro en tierras indígenas y áreas protegidas, luego de años de expansión de esta actividad durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro. El año pasado, la Policía Federal de Brasil incautó una cifra récord de 447 kilos de oro extraído ilegalmente.
Sin embargo, Greenpeace advierte que el comercio ilícito continúa profundamente instalado, impulsado por los precios récord del oro y la alta demanda global en un contexto de inestabilidad geopolítica.
Greenpeace identifica “permisos fantasma” cerca de áreas protegidas
Greenpeace analizó 187 áreas forestales con permisos de extracción de oro emitidos por la Agencia Nacional de Minería de Brasil, conocida como ANM, ubicadas cerca de tierras indígenas y zonas protegidas de la Amazonía.
De ese total, 98 no mostraban señales de actividad minera, según el estudio. Aun así, los permisos asociados a esas áreas fueron utilizados para justificar la venta de 26,8 toneladas métricas de oro entre 2018 y marzo de 2026.
La organización estimó que ese volumen de oro tiene un valor aproximado de US$3.880 millones.
Los hallazgos apuntan a una importante brecha en los mecanismos de control de la cadena de suministro del oro en Brasil. Aunque los permisos pueden parecer válidos en el papel, investigadores sostienen que pueden ser usados para entregar una falsa apariencia de legalidad a oro extraído desde zonas prohibidas.
Territorios indígenas bajo presión
Aunque Greenpeace indicó que no es posible determinar con exactitud el origen de todo el oro respaldado por estos “permisos fantasma”, investigadores y autoridades creen que gran parte podría provenir de áreas protegidas y tierras indígenas, como el territorio del pueblo Kayapó, en el estado de Pará.
El jefe Kayapó, Megaron Txucarramae, expresó su frustración por la falta de resultados frente a la minería ilegal en territorios indígenas.
“No sé qué más se necesita para resolver la minería ilegal en tierras indígenas”, afirmó. “Destruye la tierra, contamina los ríos, y los pueblos indígenas, sin darse cuenta, terminan comiendo pescado envenenado”.
La minería ilegal de oro en la Amazonía ha sido vinculada durante años con deforestación, contaminación por mercurio, daños a ríos y amenazas contra comunidades indígenas.
Brasil enfrenta desafíos de fiscalización
La Agencia Nacional de Minería de Brasil señaló que está monitoreando los permisos denunciados por Greenpeace para detectar eventuales irregularidades. La entidad agregó que la magnitud de la Amazonía y la gran cantidad de permisos emitidos imponen importantes desafíos logísticos y de fiscalización.
De acuerdo con el reporte, periodistas de Reuters sobrevolaron dos de las áreas autorizadas incluidas en la base de datos de Greenpeace y verificaron que no existía actividad visible, pese a que la documentación indicaba una alta producción mediante minería superficial. A solo seis minutos de vuelo, en cambio, observaron una operación ilegal activa de gran escala dentro de un área protegida.
Estos antecedentes reflejan la dificultad de aplicar controles ambientales y mineros en zonas remotas de la Amazonía, donde las operaciones ilegales pueden cambiar rápidamente de ubicación y aprovechar vacíos regulatorios.
El blanqueo de oro sigue siendo un riesgo clave
El portavoz de Greenpeace Brasil, Danicley Aguiar, advirtió que la minería ilegal seguirá expandiéndose mientras sea posible blanquear oro mediante documentación aparentemente legal.
“Mientras sea posible lavar oro utilizando permisos mineros, habrá una expansión de la actividad en la Amazonía”, afirmó Aguiar.
El informe aumenta la presión sobre la administración de Lula para fortalecer los mecanismos de trazabilidad, cerrar brechas en el sistema de permisos y reforzar la supervisión sobre compradores, exportadores e instituciones financieras vinculadas a la cadena del oro.
Si bien Brasil ha intensificado las acciones contra la minería ilegal, los hallazgos de Greenpeace muestran que desmantelar las redes económicas detrás de este comercio sigue siendo uno de los principales desafíos ambientales y de gobernanza del país.
Fuente Reporte Minero