Aunque se dejó en manos de la Corte Suprema la decisión de determinar si el nuevo contrato aprobado para Minera Panamá es inconstitucional, tanto la cámara minera local como diversos juristas advierten que el país sigue expuesto al riesgo de un arbitraje, de perder el grado de inversión e, incluso, de escasez de alimentos debido a las persistentes acciones contra la minería.
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En principio, los manifestantes se oponían al nuevo contrato negociado por el gobierno con la filial de la canadiense First Quantum Minerals para la explotación de la mina Cobre Panamá, pero luego sumaron otras causas que generan descontento social, como la elevada corrupción.
Previamente, el órgano legislativo descartó derogar el controvertido contrato aprobado apenas el 20 de octubre para extraer el metal rojo en una zona boscosa en medio de advertencias de juristas que advirtieron que la medida podría generar demandas multimillonarias y que la mejor manera de abordarla es dejar que la Corte Suprema se pronuncie sobre su constitucionalidad.
“La declaración de inconstitucionalidad de la Ley 406 del contrato de Minera Panamá no constituye anulación de la posibilidad de un arbitraje ni garantiza que no lo vamos a perder”, dijo el lunes la cámara minera Camipa en un comunicado.
La asociación estimó, además, que visto de manera conservadora, el monto de la compensación en un arbitraje interpuesto por First Quantum estaría sobre los US$50.000 millones, considerando la inversión de US$10.000 millones y sumando las expectativas de ingresos futuros, el valor del yacimiento, el lucro cesante, etc. “Se trata de un yacimiento de enorme riqueza y magnitud probadas”, indica la agrupación en el comunicado.
Los legisladores también suspendieron el debate del proyecto de ley 1.109 que estipulaba realizar una consulta popular sobre el contrato renegociado en marzo, el cual fue presentado luego de que el 29 de octubre el presidente Cortizo anunció que convocaría a un referéndum el 17 de diciembre sobre la renovación del contrato con Minera Panamá.
Aun así, la Camipa también advirtió que la prohibición de renovación de otros contratos mineros da derecho a la empresa Minera Cerro Quema a demandar el país, ya que es titular de una concesión de explotación cuya prórroga espera el refrendo de la Contraloría.
La cámara señaló que la empresa ha invertido unos US$200 millones y se estima un valor presente del yacimiento de oro de US$233 millones. Asimismo, considera que el caso tiene la misma motivación del de Dominion Minerals vs. Panamá, que ya obtuvo un fallo en contra del país.
“Todo lo anterior se suma al aumento de riesgo país, posible pérdida del grado de inversión, caída del precio de los bonos panameños y mayor deterioro de las finanzas públicas que ya viene de atrás. Esto afecta a la empresa privada y la población en general con el consecuente aumento del costo de la vida y la inestabilidad social,” destacó la Camipa.
El abogado experto en temas de minería y arbitraje Guillermo Cochez dijo a BNamericas que en la Asamblea Nacional se impuso la tesis de que era mejor esperar los resultados de los seis recursos de inconstitucionalidad presentados en la Corte Suprema, para que sea esta la que declare la inconstitucionalidad del contrato.
“Ahora mismo [las apelaciones] están en proceso en la corte, para que la gente opine sobre esos recursos, pero lo más seguro es que declarará inconstitucional el contrato,” dijo Cochez, y estimó que lo más probable es que el fallo se conozca a mediados de diciembre a más tardar.
El problema, en opinión del exembajador de Panamá ante la OEA, es que persisten grupos que se aferran a solicitar una derogación del contrato renegociado, aunque se ha explicado que ello podría significar más pérdidas para el Estado en caso de un arbitraje internacional solicitado por Minera Panamá.
“Estos grupos liderados por la izquierda quieren la derogación porque no les importa nada, y lo que quieren es que cierre el país. Lo mantienen cerrado, a pesar de que el ministro de Educación señaló que el martes 7 reinician las clases. Los maestros siguen diciendo que no y ya estamos a tres semanas del fin del año lectivo”, dijo Cochez.
El abogado advirtió que, debido a los bloqueos de vías, la capital y la ciudad de Colón se están quedando sin alimentos. “El granero del país, que es la provincia de Chiriquí, no puede cruzar el resto del país. Los camiones no pueden pasar por los bloqueos que hay. El gran problema es que es como que no hay gobierno”, agregó el jurista.
El viernes, First Quantum declaró que se han admitido al menos cuatro demandas que impugnan la constitucionalidad de la ley que aprobó el contrato con el gobierno, por lo que la empresa continúa monitoreando la situación y confía en su posición legal y la de Minera Panamá, además de reservarse todos sus derechos en Panamá e internacionalmente.
El economista Felipe Chapman, socio director y presidente de la consultora Indesa, explicó en conversación con BNamericas que “perder un posible arbitraje no es sinónimo de cerrar la mina. De ser el caso, después el Estado tendría que decidir qué hacer después de un fallo adverso… If and when”.
No obstante, el también consejero independiente de varias empresas señaló que, en caso de un fallo adverso de compensación alta, esta “solo se podría pagar con algún tipo de financiamiento”.
“Todo depende del fallo, la cuantía y los términos y condiciones que acuerden las partes en conflicto. Hay mucha gente que da por hecho los resultados y cuantía. No estoy de acuerdo”, señaló Chapman.
Al consultarle sobre la posibilidad de que Panamá pueda mantenerse económicamente como hasta hoy sin el aporte de la minería al PIB, el economista respondió que esto se puede “perfectamente”, ya que “la minería metálica representa menos del 5% del PIB”.
First Quantum, cuyas acciones perdieron 32% de su valor la semana pasada, sostuvo que la mina Cobre Panamá es vital para el desarrollo económico de Panamá porque con esta mina el país podría desempeñar un papel clave en la transición hacia la energía verde al suministrar el cobre necesario.
Fuente: Bnamericas