El mercado internacional del cobre vive un proceso de reacondicionamiento logístico sin precedentes. La llegada de metal refinado hacia Estados Unidos se aceleró a la velocidad más alta registrada en los últimos 12 años, impulsada por operadores y traders que buscan posicionar inventarios en puertos estadounidenses antes de que el presidente Donald Trump comunique su decisión final sobre la aplicación de aranceles al cobre refinado de importación.

Durante julio de 2026, desembarcaron en territorio estadounidense aproximadamente 200.000 toneladas métricas de cobre, constituyendo el mayor volumen mensual de importación registrado desde que la consultora IHS Markit mantiene estadísticas de envíos marítimos (2014). De ese total, cerca de 110.860 toneladas permanecen almacenadas en depósitos portuarios fuera del sistema de garantías de la Bolsa de Metales de Londres (LME).

El desvío de stocks desde Europa y Asia tensa el mercado físico londinense

El acaparamiento de metal en Norteamérica se ha concretado a expensas de la disponibilidad de suministros en el resto del mundo. Los inventarios en las bodegas de la LME ubicadas fuera de territorio estadounidense experimentaron fuertes caídas durante el año, debido a que los comerciantes desviaron cargamentos desde Europa y Asia hacia recintos norteamericanos para capturar precios más elevados.

Esta dinámica generó una severa restricción de oferta inmediata en la plaza de Londres. Las posiciones al contado y a corto plazo en la LME cotizan con una prima de aproximadamente US$ 65 por tonelada sobre los contratos de futuros a tres meses, registrando la estructura de retroceso (backwardation) más pronunciada desde enero, lo que confirma un apretón físico en el mercado internacional.

Árbitraje récord entre el Comex de Nueva York y la LME de Londres

La atracción de metal hacia el mercado estadounidense se mantiene firme gracias a la distorsión de precios entre plataformas. En el mercado de futuros Comex de Nueva York, las cotizaciones han operado con una abultada prima respecto de la LME. Durante julio, el diferencial o arbitraje entre el contrato del mes más cercano en Comex y el valor al contado en la LME promedió más de US$ 350 por tonelada métrica, margen holgadamente suficiente para absorber los costos de flete marítimo y reorientar los flujos comerciales hacia EE.UU.

Como resultado de este arbitraje, los inventarios oficiales en las bodegas registradas por Comex han aumentado más del 40% en lo que va del año, marcando un máximo histórico. Se estima que las reservas totales de cobre acumuladas en territorio estadounidense (sumando inventarios oficiales y depósitos privados) superan ampliamente el millón de toneladas métricas.

Incertidumbre en la Casa Blanca y el impacto en la cadena tecnológica

Los flujos masivos de cobre continuaron acelerándose a pesar de que el plazo límite fijado para el 30 de junio —fecha en que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, debía entregar sus recomendaciones— transcurrió sin un pronunciamiento oficial. Productores, mineras globales, industriales y comercializadores aguardan definiciones de la Casa Blanca sobre si la administración extenderá los aranceles del 50% (que hoy rigen sobre productos de cobre semielaborados) hacia el metal refinado en cátodos.

En la discusión política interna, seguún consigna Mining.com, los defensores de la medida sostienen que los gravámenes incentivarían la inversión en minería y refinación nacional, mientras que los opositores advierten que la medida elevará los costos de fabricación para las industrias locales que dependen del cobre importado. En la práctica, la amenaza arancelaria le ha permitido a Estados Unidos construir un colchón estratégico de un insumo considerado crítico para la transición energética, la red eléctrica, el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial (IA), vehículos eléctricos y la industria de defensa.

El mercado prevé dos escenarios finales: si Washington oficializa el gravamen al metal refinado —que se proyectó inicialmente en una tasa escalonada del 15% desde enero de 2027—, se desatará una carrera final de envíos antes de la entrada en vigencia de las tasas. Por el contrario, si la propuesta se descarta formalmente, los comerciantes desmontarán las posiciones acumuladas durante los últimos 18 meses, desencadenando una rápida reversión de los flujos de exportación hacia Asia y Europa.

Fuente: Reporte minero

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Durante la rendición de la Cuenta Pública 2026 del Ministerio de Minería realizada en la ciudad de Iquique, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, anunció el ingreso formal a la Contraloría General de la República de las modificaciones al Reglamento de Seguridad Minera. La reforma busca adecuar la normativa a la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales para agilizar la permisología y acelerar el desarrollo de proyectos de inversión en el país.

Reducción de burocracia y técnicas habilitantes alternativas

La modificación reglamentaria permitirá simplificar 55 autorizaciones sectoriales en 13 permisos consolidados, introduciendo además 18 técnicas habilitantes alternativas (THA) que operarán mediante el mecanismo de declaración jurada para acelerar el inicio de obras.

Durante la presentación, en la que estuvo acompañado por el subsecretario de Minería, Álvaro González, el biministro Daniel Mas enfatizó que la medida «constituye un importante avance para la minería en reducción de burocracia para la obtención de permisos, mayor certeza y claridad regulatoria junto con procedimientos más simples y eficientes para el desarrollo de nuevas inversiones, manteniendo plenamente los estándares de seguridad minera y protección ambiental».

La iniciativa se enmarca dentro de los tres ejes del plan de gobierno para el sector (2026-2030): otorgar mayor certeza jurídica, modernizar los marcos regulatorios para acotar los plazos de tramitación y fortalecer la institucionalidad técnica para responder al ritmo de mercado.

Récord de inversión en el SEIA y modificación al reglamento ambiental

En el balance de los primeros meses de gestión, el secretario de Estado reveló que se han ingresado a evaluación ambiental en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) un total de 15 proyectos mineros por US$ 24.000 millones, cifra que constituye un récord histórico desde que el organismo ambiental mantiene registros.

A este dinamismo se suma el trabajo conjunto iniciado con el Ministerio del Medio Ambiente para modificar el Reglamento de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N° 19.300). Dicha propuesta ingresó a consulta pública el pasado 31 de julio y mantendrá abierto el periodo de observaciones de la ciudadanía hasta el 11 de septiembre de 2026, previo a su envío a Contraloría para la toma de razón.

En el ámbito legislativo, las autoridades destacaron la tramitación del proyecto de ley para simplificar el régimen de patentes mineras, iniciativa que se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado, así como la reactivación del Tratado de Integración y Complementación Minera con Argentina.

Plan «Minería en Marcha» para la pequeña y mediana minería afectada por el invierno

En el frente operativo de emergencia, la autoridad presentó el plan «Minería en Marcha», una instancia de coordinación público-privada entre el Estado, la industria y los gobiernos regionales orientada a rescatar a la pequeña y mediana minería afectada por los sistemas frontales en las regiones de Coquimbo y Atacama.

La estrategia contempla tres líneas de acción urgentes: habilitación y despeje de caminos de acceso a las faenas, inspección de seguridad en las instalaciones impactadas por las lluvias y reactivación operacional de los yacimientos. La iniciativa cuenta con la articulación del Sernageomin, ENAMI, BancoEstado, Corfo, las Delegaciones Presidenciales y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Fuente: Reporte minero

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Marcelo Gasparino, miembro del directorio de Vale, presentó su renuncia el lunes a la empresa minera brasileña, en el último capítulo de una serie de tensiones de gobernanza corporativa que han sacudido a la compañía en las últimas semanas.

La decisión del consejero se produce días después de la elección de un nuevo presidente en la compañía, reflejando un escenario de conflictos internos en el seno de Vale, una de las mayores productoras de hierro y níquel a nivel mundial.

El directorio ya había decidido remover a Gasparino por presuntamente filtrar información confidencial de una reunión realizada el 19 de junio, según confirmó Vale en un comunicado a la bolsa. Sin embargo, esa remoción aún requería aprobación de los accionistas.

La renuncia de Gasparino, formalizada mediante un comunicado de la compañía ante las autoridades regulatorias, pone fin a la necesidad de un proceso de votación en asamblea de accionistas, aunque subraya las tensiones internas que enfrenta la minera en su estructura de control y toma de decisiones.

Estos eventos de gobernanza coinciden con cambios significativos en la dirección estratégica de Vale, empresa con operaciones críticas en Brasil y presencia global en la cadena de suministro de minerales esenciales para la transición energética y la electromovilidad.

Fuente: Reporte minero

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El Perú tiene el potencial para alcanzar una producción de aproximadamente cinco millones de toneladas de cobre en los próximos ocho años, siempre que logre crear las condiciones necesarias para atraer inversiones y acelerar el desarrollo de proyectos mineros en su territorio.

Así lo afirmó Miguel Cardozo, presidente y CEO de Holding CP Group, durante su participación en el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en el marco del evento «World Mining Congress: conclusiones estratégicas para la agenda minera del Perú».

Cartera de proyectos y desafíos burocráticos

El especialista señaló que el país cuenta con una cartera de proyectos estudiados capaz de alcanzar ese nivel de producción. «Podemos llegar a producir en ocho años aproximadamente el orden de los cinco millones de toneladas de cobre. Tenemos los proyectos estudiados, pero hay que avanzar y necesitamos la inversión necesaria», sostuvo Cardozo.

Sin embargo, identificó barreras estructurales que frenan el avance. «Perú tiene demasiadas trabas burocráticas y eso siempre es un problema», indicó al referirse a los desafíos para establecer alianzas estratégicas con países vecinos productores de cobre en Latinoamérica.

En esa línea, Cardozo planteó la necesidad de cambiar la percepción sobre el rol del Estado. Sostuvo que el país debe transformar «esa apariencia perturbadora del gobierno que se encarga de bloquear los proyectos antes que empujarlos».

Estabilidad política como factor determinante

El ejecutivo enfatizó que la estabilidad política y la confianza de los inversionistas son factores determinantes para reactivar la exploración minera en Perú. «Es muy difícil sacar un proyecto de exploración desde una etapa tan temprana con las normas que existen en este país y con los tiempos que toman», afirmó.

A pesar del panorama regulatorio complejo, Cardozo observó señales positivas en el mercado internacional. «Ya se ven signos de interés para venir hacia el Perú», comentó, sugiriendo que existe apetito inversor si se resuelven los desafíos de gobernanza.

Tecnología e innovación como palancas de competitividad

Cardozo destacó que una de las principales lecciones del World Mining Congress 2026 es la necesidad de fortalecer el conocimiento, la investigación y la adopción de tecnologías que permitan aumentar la competitividad de la minería peruana.

«La necesidad de tener conocimiento instalado en nuestras organizaciones y tener infraestructura para poder hacer investigación nos va a permitir avanzar con inteligencia artificial, automatización y digitalización. Vamos a poder optimizar muchos procesos, ser más productivos e incluso reducir el impacto ambiental», concluyó el presidente de Holding CP Group.

El planteamiento de Cardozo refleja el desafío central que enfrenta Perú: pasar de ser un productor tradicional de cobre a una operación minera competitiva globalmente, donde la innovación tecnológica y un entorno regulatorio estable sean catalizadores de inversión y productividad.

Fuente: Reporte minero

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En el marco del acuerdo de colaboración que mantienen la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), ambas instituciones realizaron la charla “Beneficios de los Acuerdos Anticipados de Precios (APA)”, dirigida a representantes de empresas mineras que operan en Chile.

La actividad se desarrolló en dependencias de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y tuvo como objetivo difundir las principales características y ventajas de los Acuerdos Anticipados de Precios, instrumento que permite establecer previamente los métodos de valoración aplicables a transacciones entre empresas relacionadas, otorgando mayor certeza jurídica, agilizando los procedimientos y contribuyendo a prevenir situaciones de doble tributación, entre otros beneficios.

Durante la jornada, la directora de Fiscalización de Cochilco, Karina Ochoa, expuso sobre el rol que desempeña la institución en cuanto a la verificación de la correspondencia entre los valores declarados en las exportaciones de cobre y sus subproductos y las condiciones del mercado internacional, labor que realiza mediante el análisis de los Contratos de Exportación y de los Informes de Variación del Valor (IVV).

Por su parte, la subdirectora de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, Carolina Saravia, presentó los principales aspectos del régimen de Acuerdos Anticipados de Precios y los beneficios que este mecanismo ofrece tanto para la administración tributaria como para las empresas que desarrollan operaciones internacionales.

Desde Cochilco comentaron que la realización de esta actividad refleja el trabajo conjunto que desarrollan Cochilco y el SII para fortalecer la coordinación interinstitucional, promover el cumplimiento tributario y entregar herramientas que contribuyan a generar mayor certeza y transparencia para el sector minero.

En ese contexto, recalcaron que los Acuerdos Anticipados de Precios constituyen una herramienta que favorece relaciones más predecibles entre las empresas y la autoridad tributaria, aportando seguridad jurídica, eficiencia en los procesos y mejores condiciones para el desarrollo de las operaciones internacionales de la industria minera.

Fuente: mch.cl

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El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) presentó una propuesta estratégica para reducir significativamente los tiempos de tramitación de permisos mineros de siete a aproximadamente tres años mediante una reforma administrativa que implemente evaluación paralela de expedientes.

Juan Carlos Ortiz, presidente del IIMP, realizó la propuesta durante el Jueves Minero «WMC 2026: Conclusiones estratégicas para la agenda minera del Perú». Según Ortiz, el próximo gobierno debe priorizar una revisión de los procedimientos administrativos que actualmente retrasan el desarrollo de nuevos proyectos mineros y afectan la competitividad del país como destino de inversiones.

El problema: Evaluación secuencial

El modelo actual obliga a las empresas a obtener un permiso antes de iniciar el trámite del siguiente, generando un proceso secuencial que puede extenderse durante varios años. Ortiz advirtió que una observación formulada en etapas finales puede obligar a reiniciar procedimientos realizados cinco años atrás, creando ineficiencias administrativas significativas.

«Esperamos que el nuevo gobierno tenga un perfil proempresa y revise aquellas situaciones que claramente han generado una pérdida de competitividad para el país», señaló Ortiz.

Evaluación paralela: El modelo internacional

La propuesta del IIMP busca retomar un esquema de evaluación paralela donde distintas entidades del Estado revisen simultáneamente un mismo expediente, modelo implementado exitosamente en jurisdicciones mineras competitivas como Brasil, Canadá, Chile y Australia.

Este mecanismo permitiría reducir los tiempos de aprobación «de siete años tranquilamente a la mitad», acercando al Perú a los estándares internacionales en materia de tramitación de permisos para proyectos mineros, sin comprometer el rigor técnico ni los estándares ambientales y sociales.

Ventanilla única digital integrada

Como complemento de la evaluación paralela, el IIMP propone consolidar una verdadera ventanilla única digital que permita a todas las instituciones involucradas en la evaluación acceder simultáneamente al mismo expediente, formular observaciones de manera coordinada y hacer seguimiento conjunto a las respuestas de las empresas.

«La ventanilla única es una plataforma que permite que todos puedan ver el expediente en simultáneo, sepan dónde están las consultas, quién las responde y quién las evalúa, dejando además una trazabilidad completa del proceso», explicó Ortiz.

Este modelo facilitaría que todas las certificaciones se obtengan prácticamente al mismo tiempo, generando una tramitación más eficiente sin reducir los estándares de evaluación técnica, ambiental y social.

Voluntad política por sobre cambios normativos

Ortiz enfatizó que la implementación de estas mejoras administrativas no requiere una reforma integral de la legislación minera, sino ajustes en los procedimientos administrativos que hoy obligan a que una entidad espere la aprobación de otra antes de iniciar su evaluación.

Según el líder del IIMP, existe margen significativo para introducir cambios mediante decisiones administrativas dentro del propio Estado. «Creemos que hay oportunidades de estudiar este tipo de debilidades sin perjuicio de la calidad de la evaluación. Hay pocos cambios normativos que hacer; lo que se necesita es voluntad política para revisarlo», concluyó.

La propuesta se alinea con la necesidad de Perú de fortalecer su atractivo como destino de inversiones mineras en un contexto de competencia global, donde la eficiencia administrativa es factor clave para la toma de decisiones de inversionistas internacionales.

Fuente: Reporte minero

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La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado acordó rebajar a un 0,7% el límite anual de la franquicia Sence, tras negociaciones con el Gobierno y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Esta decisión representa un ajuste respecto al porcentaje original de 1% que actualmente pueden descontar del impuesto a la renta las empresas contribuyentes de primera categoría sobre su planilla anual de remuneración para capacitación.

La instancia legislativa, presidida por Luciano Cruz Coke e integrada por los senadores Andrea Balladares, Gastón Saavedra, Arturo Squella y Daniel Núñez, escuchó explicaciones del subsecretario de Trabajo, Gustavo Rosende, y del director del Sence, Rodrigo Valdivia. El Ejecutivo enfatizó que el proyecto modifica la franquicia para «dotarla de calidad, fiscalización y eficiencia», fortaleciendo el sistema con mayor control en el uso de recursos.

Medidas adicionales para fortalecer la capacitación

Los senadores aprobaron que los gastos administrativos de los Organismos Técnicos Intermedios de Capacitación (OTIC) bajen gradualmente del 15% actual a un 10%, considerando la necesidad de no disminuir abruptamente los fondos de estas instituciones. También se establecieron límites diferenciados en el monto imputable a la franquicia según el nivel de remuneración de los trabajadores: hasta 80% para quienes ganan menos de 25 unidades tributarias mensuales, 50% entre 25 y 50 UTM, y 15% para ingresos superiores a 50 UTM.

Se aprobó además que no constituirán capacitación las actividades predominantemente recreativas sin desarrollo verificable de competencias laborales, ni aquellas bajo modalidad exclusiva de auto instrucción sin intervención efectiva de un relator, tutor o facilitador. El proyecto quedó en condiciones de ser estudiado por la Comisión de Hacienda, instancia que continuará evaluando las normas del proyecto de ley para la reconstrucción nacional y desarrollo económico y social.

Fuente: Reporte minero

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Destacando la necesidad urgente de brindar confianza, certeza jurídica e incentivos para la inversión, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, intervino en la jornada “Minería y Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico” donde afirmó que hoy las reglas están cambiando a favor del emprendimiento, la inversión y la innovación.

“No vinimos al gobierno a quejarnos ni a culpar a las administraciones anteriores. El cambio es necesario, y nosotros vinimos a actuar, y a actuar con sentido de urgencia y convicción para desatar las fuerzas productivas de Chile, transformando el aparato público en un Estado facilitador, y el Proyecto de Reconstrucción Nacional es un puntal de esta estrategia”, enfatizó la autoridad al inicio del seminario organizado por Marsh Risk, el principal agente de seguros y asesor de riesgos del mundo.

En la oportunidad, el biministro abordó los ejes de la iniciativa actualmente en trámite en el Congreso, destacando la reducción gradual del impuesto corporativo, la restitución de la invariabilidad tributaria y la simplificación regulatoria como las principales medidas que introduce el proyecto legislativo para fortalecer la competitividad y destrabar inversiones.

“El proyecto establece una reducción gradual del impuesto corporativo desde el 27% actual hasta un 23%. Esta medida nos devuelve de golpe a la cancha de la competitividad internacional, alineándonos con los promedios de la OCDE y superando las condiciones de rivales directos en la región”, sostuvo el titular de Minería.

El biministro Mas también expuso los cambios normativos en materia tributaria y ambiental: “Garantizaremos que las condiciones impositivas pactadas al momento de iniciar la inversión se mantendrán inalterables por plazos de hasta 15 o 20 años, dependiendo de la magnitud del proyecto. Chile debe volver a ser competitivo en materia tributaria si quiere atraer inversión minera”, dijo. Y agregó que: “Queremos un sistema donde la fiscalización ambiental sea implacable y de altísimo estándar técnico, pero donde las reglas sean claras y las respuestas del Estado se entreguen a tiempo. Un permiso rechazado con fundamentos técnicos es parte del juego; un permiso congelado por años en la indecisión burocrática es una negligencia que este Gobierno no va a tolerar”.

Finalmente, el secretario de Estado reforzó ante los asistentes, el llamado del Gobierno a evaluar riesgos con la “confianza de que las instituciones en Chile vuelven a ser serias”.

“Chile posee una riqueza geológica eólica, solar y minera inigualable, llamada a protagonizar la transición energética global. Es decir, tenemos todo para ser una potencia minera y energética. Solo debemos dar las herramientas para que la inversión y producción se desaten”, subrayó.

El encuentro “Minería y Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico” congregó a ejecutivos, representantes gremiales y líderes del ecosistema público-privado de las industrias de la minería y la energía.

Fuente: Portal minero

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La Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras (Agrumin) solicitó a la Comisión de Minería y Energía del Senado la paralización de los remates de concesiones mineras por no pago de patentes, advirtiendo que la aplicación del nuevo régimen establecido por la Ley N° 21.420 está afectando gravemente a pequeños y medianos productores de todo el país.

La delegación estuvo integrada por el presidente de Agrumin, Patricio Gatica; el vicepresidente, Fernando Gattas, y el director legal, Juan Carlos Urquidi, quienes expusieron las principales dificultades que enfrenta el sector y plantearon propuestas para recuperar el dinamismo de la pequeña y mediana minería.

Durante su presentación, Patricio Gatica sostuvo que el incremento del valor de las patentes mineras, sumado a nuevas exigencias administrativas, “ha generado una presión económica que muchos productores no están en condiciones de enfrentar, especialmente quienes desarrollan proyectos en etapas iniciales o explotan yacimientos de menor escala”.

Asimismo, enfatizó que la pequeña minería continúa sometida a exigencias regulatorias diseñadas para la gran minería, sin considerar las diferencias existentes en tamaño, producción e impacto ambiental.

En ese contexto, Agrumin propuso la creación de un Estatuto Especial para la Pequeña Minería que reúna en un solo cuerpo normativo las disposiciones aplicables al sector y establezca regulaciones diferenciadas en materias ambientales, de seguridad, operación de tranques de relaves y permisos.

La organización también manifestó su preocupación por la sostenida disminución del número de pequeños productores, fenómeno que ocurre pese al favorable escenario de precios del cobre y del oro.

Durante la sesión, Agrumin destacó que muchas faenas y plantas de procesamiento podrían reactivarse en pocos meses con ajustes regulatorios y un mayor apoyo institucional, generando un importante incremento en la producción y en la recaudación fiscal.

En la ocasión, el vicepresidente Fernando Gattas reiteró la necesidad de postergar los remates de concesiones mineras mientras el Congreso analiza las modificaciones legales actualmente en discusión, evitando que numerosos pequeños productores pierdan pertenencias mineras que han mantenido durante décadas.

Finalmente, los representantes del gremio reiteraron su disposición a colaborar con el Poder Legislativo en la búsqueda de soluciones que permitan fortalecer un sector que históricamente ha contribuido al desarrollo de las regiones mineras, la generación de empleo y el aprovechamiento sustentable de los recursos minerales del país.

Fuente: Portal minero

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